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O, cómo mentirles a tus lectores en el título de tu libro
tl;dr:
(cómo autosabotearse evitándole al lector leer todo tu artículo)
Esta es una recensión del libro Periodismo y Política: cuando se rompen las reglas, de Fernando Casado y Rebeca Sánchez.
Puede ser descargado desde la página web de diario El Telégrafo, desde este link. Actualización a abril 2018: Luego del cambio de gobierno, El Telégrafo eliminó buena parte de su historia previa, quizá para “limpiar” su pasado cómplice de un gobierno autoritario. Bueno, puede descargarlo desde aquí.
La primera observación que viene a la mente sería la curiosa ausencia del colofón. No hay constancia ni de depósito legal alguno, ni del ISBN. ¿Por qué? ¿Acaso el diario intenta evitar que le atribuyan la edición del libro?, que por cierto se anuncia en la primera página de telegrafo.com.ec. Algo bueno ha de tener, no es como para negarlo.
Veamos algunos temas recurrentes en el libro que revelan una errónea concepción de lo que es la labor periodística.
Un “miedo” que atraviesa las páginas del libro y que ya aparece en el título, es que “si se mezcla el periodismo y la política, algo muy malo ocurrirá”.
En la pág. 5 ya se refleja: «¿qué ocurre cuando ambas [periodismo y política] se entremezclan y confunden? ¿Cuáles son los riesgos para la democracia?», se preguntan ominosamente los autores.
¡No hay ningún riesgo! No veo por qué lo habría: si los periodistas son ciudadanos, es lógico que tengan una opinión política, y que necesariamente ha de reflejarse en su trabajo, pues narran asuntos que ocurren en la polis.
Lógico que si la posición política de un periodista —todos la tienen— influye tanto en su trabajo que lo hace abiertamente sesgado, eso podría reducir su credibilidad ante quienes estén en las antípodas políticas. ¿Y qué importa? ¡Es de lo más común! ¿Acaso por eso vamos a quitarle su derecho a comunicar y expresarse?
Todo lector enterado puede fácilmente descubrir un sesgo. Hasta uno sabe a qué atenerse: el periodista X siempre defiende la posición Y. Es demasiado pedir que defienda a Y, y su contrario; ¡somos seres humanos, no siempre lo haremos!
Es como esperar que un abogado sea “imparcial y ecuánime”. No: lo que se espera de un abogado es que sea apasionado en defender su causa y que sea implacable con la causa contraria. Sin llegar a mentir o engañar, por supuesto.
¿Por qué ha de pedirse a los periodistas que, sin mentir, no sean apasionados por una causa? Bastaría que, por transparencia, hagan explícitas sus inclinaciones; y ni siquiera eso es necesario.
El propio Casado es periodista, y su posición política es conocida, totalmente a favor de los gobiernos venezolano y ecuatoriano. Podría añadir que es totalmente sordo a las innumerables críticas que a esos gobiernos puedan hacérseles. De hecho, el libro anterior de Casado, Antiperiodistas, recoge las “agresiones” periodísticas al gobierno de Venezuela. Pobrecito gobierno, víctima inerme de las contundentes y cortopunzantes palabras de periodistas, ¿eh?
Hoy Casado es funcionario del gobierno de Ecuador —profesor en el IAEN— y gana casi $4.000 mensuales, a lo que debe sumarse su trabajo periodístico en medios estatales. ¿Debería pedírsele que critique la mano que tan generosamente le da de comer? En un mundo ideal, quizá. En este mundo basta conocer al gobierno de Correa —que le gusta rodearse de corifeos leales, no de críticos— y leer la obra de Casado para darse cuenta que es totalmente parcializado a favor de los gobiernos autoritarios denominados “bolivarianos”.
¿Y qué? ¿Hay que pedirle otra cosa? ¿Hay que buscar la manera de obligarlo a ser “equilibrado, apolítico, contextualizado”?
Yo digo que no. Pero Casado en toda su obra dice que sí: que hay que buscar mecanismos para obligar a los demás periodistas a ser lo que él no es: no-político, equilibrado, etc.
No debemos quitarles a los periodistas su derecho a interesarse y participar en política, que tienen como todo ciudadano: sería discriminatorio, los periodistas serían “ciudadanos de segunda clase” para quienes “no es ético” involucrarse en política.
No. Es imposible desprenderse de ese deseo de política, y no se consigue ningún bien pretendiendo impedírselo a personas cultas como suelen ser los periodistas. Además, que ellos no hacen caso jamás. Como Casado.
Se repite con frecuencia que “no es ético” que los periodistas se inmiscuyan en política. ¿Pero por qué? Nunca se explica satisfactoriamente.
Prefiero quedarme con las reglas generales: todo ser humano tiene derecho a la libertad de expresión; todo ser humano tiene derecho a interesarse en la vida social y participar en ella, a través de elecciones u otros medios que considere pertinentes. Punto. Y aténganse los periodistas a las consecuencias que ello tenga en su credibilidad (que no necesariamente disminuirá; puede aumentar entre los demás adherentes a una corriente política).
Que en mi opinión unos lo hagan con mejor suerte que otros; que unos usen su libertad de expresión para decir cosas más interesantes que otros; que unos ciudadanos-periodistas se expresen más equilibrada e imparcial que otros… ¿Es razón para quitarles ese derecho natural a ciertos ciudadanos-periodistas? ¿Sólo porque yo opino que ellos deberían expresar otras ideas distintas, más a mi gusto?
En otras palabras, ¿debe imponerse mi opinión? Claro que no. Pero los burócratas creen que su opinión sí debe imponerse. Monopolio de la fuerza, que le llaman. Ya veremos más de esto.
Pero bueno: ¿qué creen famosos periodistas acerca de su profesión y la política? ¿Han de meterse en ella, o no?
¿Qué dice Martín Caparrós? En una entrevista dice:
Una de las cosas que más me interesan de la crónica es que toma decisiones políticas. Por ejemplo, me parece político decir “yo” en lugar de utilizar la tercera persona, porque rompe la falacia de la objetividad. La objetividad es imposible. Tú me estás escuchando ahora mismo y cuando tengas que ponerte a redactar esta entrevista, elegirás lo que más te interesa o utilizarás las palabras que creas más adecuadas. Ese es tu oficio y es inverosímil sostener que no hay nadie haciendo ese trabajo. Los periódicos pretenden mostrar que escriben la realidad, pero realmente sólo es una mirada posible sobre la realidad.
¡Cómo! ¿Pero no decían Casado et al. que había que ser “imparciales, objetivos, contextualizados…”? ¿Y ahora viene Caparrós a decir que eso no existe, que es una falacia, que es imposible? ¿¡Dónde queda “la verdad”?!
Protip: desde hace tiempo vengo sugiriendo que los periodistas lo escriban todo como crónica. Así podrán desembarazarse de muchas de las exigencias de la ley de comunicación. Revísense las columnas publicadas en diarios gringos: todas van firmadas. Y se dan el lujo de ser bastante subjetivos, desvergonzadamente. Acá eso nos escandalizaría: ¡dónde queda la objetividad, imparcialidad, contextualización…!
El propio Kapuściński opina que:
El verdadero periodismo es intencional, a saber: aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de cambio. No hay otro periodismo posible. Hablo, obviamente, del buen periodismo. Si leéis los escritos de los mejores periodistas —las obras de Mark Twain, de Ernest Hemingway, de Gabriel García Márquez—, comprobaréis que se trata siempre de periodismo intencional. Están luchando por algo. Narran para alcanzar, para obtener algo. Esto es muy importante en nuestra profesión.
Magister dixit. ¡Y sin embargo Casado insiste en que “el periodizta no deve meterze en politika”, y que “haserlo ez mal periodizmo”.
Leamos a Tomás Eloy Martínez:
Si el periodista transa con el Poder … destroza el mejor argumento de su legitimidad y el único escudo de su fortaleza.
Eso describe a toda la plana de El Telégrafo y demás medios públicos, incluyendo a Casado. ¿Por qué ha de ser así? El propio Martínez decía que «De todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas». El lector que coge El Telégrafo sabe que va a encontrar puntos de vista gobiernistas “transversalmente”, es decir, no sólo en las columnas de opinión, sino también en las de noticias. ¿No es bueno saber a qué atenerse? ¿No es bueno tener una fuente confiable para cierto tema?
Ignacio Ramonet, constantemente citado por gobiernos y periodistas autoritarios, afirma: «la dimensión ética del periodismo se fractura cuando muchos medios han tomado la dirección ideológica de la oposición a procesos progresistas como los que tienen lugar en América Latina … No solo “El País”, sino buena parte de las publicaciones de las corporaciones mediáticas occidentales intoxica a los lectores contra las ideas y medidas progresistas». ¡Pero lo hace minutos después de haber alabado a José Martí por su «concepción elevada, exigente y comprometida del periodismo»! ¿En qué quedamos? ¿Los periodistas pueden ser comprometidos, salvo cuando se trata de “oponerse a gobiernos progresistas”?
«El periodista debe ser indeseable, inoportuno y certero en su impertinencia». ~Ryszard Kapuściński.
De García Márquez dice Antoni Traveria en La política como inspiración y compromiso: «El escritor colombiano se convirtió en un periodista combativo mostrando su apoyo decidido a muy diversas causas de izquierdas, con numerosos artículos publicados en la revista colombiana ‘Alternativa’ a partir de febrero de 1974 y hasta su cierre en 1980. La revista abrió sus páginas a la publicación de reflexiones de brillantes periodistas y escritores que tenían vetada su opinión en los grandes medios de prensa de la época.»
Peor aún: Juan Manuel Karg, articulista de TeleSur —que, como es conocido, comparte la línea de medio-público-apologista-de-gobiernos-autoritarios-de-izquierda de Casado— en García Márquez: el periodismo y la política toma partido por la tesis diametralmente opuesta a la de Casado:
Mucho se habla y escribe, en estos tiempos, sobre la vinculación entre el periodismo y el mundo de “la política”. Se intenta, desde grandes monopolios informativos, desvincular ambas esferas, intentando mostrar una supuesta perspectiva “apolítica” de las noticias. Es que, según advierten estos medios, los periodistas de afinidad ideológica progresista o de izquierda “tiñen” el carácter de las noticias, que según el manual de procedimientos de estos medios deberían tener una “neutralidad valorativa”. Detrás de esta operación, claro, hay una profunda intencionalidad política: tras la idea de que “ellos”, los “periodistas militantes”, dan cuenta de una realidad distorsionada —y por tanto, no pasible de salir a la luz—, se esconde la pretensión de mostrar sólo una parte de lo que sucede, lo que naturalmente hacen estos medios, generalmente afines a grupos empresarios del poder económico concentrado.
Cambie de dueño privado a público, y el mensaje es plenamente aplicable a la labor de Casado y otros burócratas apólogos de gobiernos autoritarios. No puede ser de otra manera. Pero continúa el artículo de TeleSur:
¿Hubiera sido tildado de “periodista militante” por estos hechos Gabriel García Márquez, como ha acontecido recientemente con muchos cronistas, desdeñados sólo por haber emitido opiniones afines a los gobiernos posneoliberales en la región? Seguramente no, por su magnífica pluma y su influencia periodística y literaria, lo que solía blindarlo de ataques y “operaciones” que, lamentablemente, se han extendido contra quienes han opinado desde la izquierda y/o el progresismo.
¡Pero si de eso se trata todo el libro de Casado!: periodistas de medios independientes que “rompen las reglas” al “inmiscuirse en política”.
Termina el artículo:
Sin embargo, y mal que le pese a algunos sectores políticos y periodísticos que hoy quieren “edulcorar” su trayectoria, e intentar construir una trayectoria supuestamente equidistante respecto a la política —o un García Márquez “light”— fue un periodista y escritor con una ideología clara, determinada y contundente: la búsqueda de construir un orden social diferente, más justo, más humano, despojado de las desigualdades, donde la cultura pueda constituir un elemento indispensable para amplias capas de la sociedad y no solamente para una “elite”.
¿No es eso lo que queremos todos? ¿Acaso quienes no nos situamos a la izquierda del espectro político queremos esclavizar ancianitas y matar de hambre a huérfanos? ¿Acaso no nos oponemos al emerger de una nomenklatura, verdadera élite que disfruta de incontables privilegios mientras hunden al pueblo en condiciones de vida precarias y prohibiciones de progresar económicamente?
¿Acaso ser “periodista con opción política de izquierda” es bueno, pero malo hacerlo desde cualquier otra orientación? Esto no es más que la vieja tolerancia represiva de la que hablaba Marcuse, que no es sino un eufemismo para simple hipocresía, doble rasero, “ley del embudo: ancho para mí, angosto para ti”.
Eso de que “los periodistas no deben meterse política” es un red herring, «una maniobra de distracción, una falacia lógica que desvía la atención del tema tratado». Así, en vez de fijarse el público en los innumerables pecadillos de los políticos, uno empieza a fijarse en los periodistas, que supuestamente estarían “perdiendo su objetividad, credibilidad e imparcialidad al estarse metiendo en política”.
En efecto, la supuesta “prohibición” no aparece en el decálogo del periodista de Bastenier, ni tampoco en el Manifiesto Ético para Periodistas del Paraguay, que sólo aconseja «No ejercer al mismo tiempo que el periodismo, funciones de dirigencia en organizaciones político-partidarias, funciones de asesor o relacionista en instituciones públicas o en sectores que puedan condicionar la independencia en la labor periodística», que no es lo mismo que “no meterse en política” y que no es el caso de los periodistas que constantemente son reprochados por el poder por “meterse en política”.
Es una estrategia típica de la izquierda, del marxismo cultural: tratar de manipular a través del “cargo de conciencia”, avergonzando al adversario, por ser “poco ético” al supuestamente estar “incumpliendo reglas”, aunque nunca se diga cuáles reglas son.
¡Y lamentablemente funciona! Casado cita a César Ricaurte de Fundamedios, quien innecesariamente cede terreno al adversario, al admitir «“lo nocivo [de] cuando se deja a un lado el papel mediador y se pasa a ser protagonista en los procesos políticos, y el tratar de impulsar o de oponerse a proyectos políticos”, ya que ésta “no es la función de un periodista, por mucho que se coincida o abomine de los planes de los reales actores políticos”».
Muy respetable esa opinión, pero para un periodista es darse un tiro en el pie: es convertirse en ciudadanos de segunda clase, para quienes “meterse en política” estaría vedado o por lo menos mal visto. Como siempre, no se aportan razones por las que “deba” ser así.
Además que, no lo olvidemos, todos lo hacen, sea “feo” o no. Casado mismo adopta una posición política de apoyo incondicional a gobiernos autoritarios, incluso cubriendo con el velo de ignorarlos sus múltiples violaciones a los derechos civiles.
Culmina así el capítulo: «Ahora entendemos mejor por qué el sesgo del diario Hoy y la animadversión del gringo Mantilla, quien fuera director del diario, permeó su línea editorial y acabó minando su credibilidad, lo que contribuyó a su desaparición».
Ésa es la opinión de Casado. Diario Hoy era uno de los diarios más respetados entre la intelectualidad capitalina, a lo largo de todo el espectro político. Lamentablemente Casado, o ignora el enfrentamiento del gobierno de Correa con el diario —las demandas penales de parte de funcionarios corruptos contra su director, las multas que le imponía incluso post mortem, la prohibición de entregarle publicidad estatal, la liquidación instantánea por parte de la superintendencia de compañías ante problemas económicos, prohibiéndole inmediatamente publicar en vez de facilitar su saneamiento, el apoyo descarado al conflicto laboral con miras a librarse de un medio opositor— o decide ignorarlo, lo cual es un claro signo de sesgo, pero ¿qué importa? Un lector enterado conoce la verdad de los hechos.
Lo irónico es que cuando es el gobierno el que se atrasa en los pagos laborales durante meses y meses, pues no sufre ninguna consecuencia —no se va a multar a sí mismo— y hasta puede renegar de la deuda impunemente. Monopolio de violencia, que le llaman.
Casado cita un ejemplo de hasta dónde ha llegado a calar esa impertinente y falaz “obligación de no meterse en política”: entrevistando a la conocida Janeth Hinostroza:
Consultamos a la periodista sobre alguno de sus comentarios en plena antesala a unas elecciones presidenciales en el que —a nuestro criterio— hizo propaganda política contra el gobierno, acto que la periodista atribuyó a esa anterior etapa de su carrera de “mayor confrontación” y admitió que debió haber elaborado su argumento “de otra manera para que no se confunda, que quede mucho más clara mi posición, ahí tal vez está mi error”.
Por gusto se dejan sorprender. No fue ningún error; no hay nada de qué disculparse. No hay que “dar papaya” a las tácticas de manipulación del marxismo cultural. Todo ciudadano tiene derecho a participar en política. No debe haber “ciudadanos de segunda clase” a quienes les esté vedada la participación en la vida social. ¡A tener cuidado con los red herrings!
Más adelante la propia Hinostroza reconocería que los medios privados han ocupado «un lugar de oposición que no nos corresponde». Posición totalmente discutible; el ciudadano común, inmerso en la interminable tarea de ganarse la vida, no tiene tiempo para indagar al poder; quién mejor que un periodista cuyas interminables tareas con las que se gana la vida, sea investigar, principalmente al poder (monopolio de violencia, duh. ¿No vale dedicarle atención especial?) e informar de sus conclusiones a quien pueda interesarle.
Obviamente funcionarios con poca inclinación democrática denominarán a esa labor “meterse en política” —cuando no subversión y desestabilización— pero eso es lo que se espera de quienes se ganan la vida como watchdogs.
«Los gremios periodísticos en el Ecuador han perdido fuerza y credibilidad como consecuencia de su alineación a la causa opositora», afirma Casado. Él les creerá menos, pero no el público, porque los índices de lectoría de medios privados-opositores vs. públicos-gobiernistas dicen lo contrario. Y si han perdido fuerza, ha sido por el constante embate gubernamental, incluyendo cuantiosas multas. Monopolio de violencia, ¿recuerdan? Bastante mérito ya es oponérsele y seguir vivo.
Además que la hipótesis contraria: que si se alinearan a la causa gobiernista, los medios aumentarían su credibilidad, es a todas luces falsa. Medios oficialistas, aquí y en todas partes, son objeto de recelo por parte del público y no son tomados como fuentes confiables en asuntos que interesan al poder.
Continúa Casado, refiriéndose a Fundamedios: «Ricaurte deja muy clara la posición política de su organización y en consecuencia su línea de acción opositora, pese a estar violando el estatuto de su propia organización que prohíbe involucrarse en temas carácter político, al reiterar que: “Frente al gobierno de Correa hemos sido muy críticos y vamos a seguir siendo muy críticos”».
Habría que llamar la atención a los abogados que tramitan la constitución de fundaciones, que hacen copy-paste de cláusulas “típicas” como ésa de “no involucrarse en temas de carácter político” sin meditar demasiado en las consecuencias.
Por lo menos cabría especificar: no involucrarse en temas de carácter partidista-electoral, pero así de buenas a primeras prohibirse a uno mismo un aspecto de la vida social inherente al individuo, y más aún uno tan ligado a la libertad de expresión —área propia de Fundamedios—, como que no conviene a los propios intereses, ¿verdad? Es como un pequeño “suicidio civil”. Y por eso esas cláusulas serían nulas, pues así como alguien no puede legalmente venderse como esclavo, nadie puede renunciar al derecho civil de participar en la vida social. ¡Peor aún renunciar en balde, a cambio de nada, sólo porque “suena bien” en un estatuto que sólo leerá el gobierno cuando le convenga!
Sin embargo no hay que concederle ni un milímetro al gobierno su interpretación de esas prohibiciones en el sentido de restringir el derecho de asociación o libertad de expresión: “como te metiste en política (en contra de mis intereses), lo cual tú mismo te prohibiste, te disuelvo”. No sólo eso: el gobierno considera que eso “atenta contra el desarrollo social” (?) ¡Ah, la peligrosa libertad de expresión! Léalo directamente en la página de Fundamedios.
Es de buen tono hoy en día decir que el periodista debe ser “equilibrado, plural, imparcial”; que el buen periodismo hace todo eso.
Sorpresa: Eso sirve como “ideal”; pero esas metas, que podrían aplicarse a toda expresión humana, el gobierno pretende convertirlas en delitos cuando opina que están ausentes, y eso es inaceptable.
Además que en general es innecesario fijarse “ideales nobles”: los ciudadanos siempre encontrarán otros medios de procurarse la información de la que carece, por ejemplo, un mal reportaje. El equilibrio, por ejemplo, viene de la pluralidad de fuentes; tómese “fuentes” en sentido amplio (como leer varios diarios, varios noticieros); no es justo exigírselo todo a un simple ser humano, y peor con amenazas de violencia, como hace el estado a través de esa abominación llamada Superintendencia de Comunicación.
La falta de equilibrio podría pasarle factura a un periodista, y reducir su credibilidad; pero no por eso vamos a pretender obligarlo a decir lo que nosotros queremos.
Así como la verdad judicial surge dialécticamente de la oposición de las partes y sus abogados, la “verdad” periodística ha de surgir de la confrontación de diversas fuentes; y si no la hay, pues de la confrontación de diversos medios.
Aún si un periodista tiene fama de sesgado, no significa que “mentirá siempre”; con él sabemos a qué atenernos, podremos consultarlo como fuente fiable para conocer, por ejemplo, la posición gubernamental o de su gremio, sabiendo que encontraremos insumos para generar nuestra propia opinión.
Eso es tarea nuestra, generar nuestra propia opinión; ¿por qué en el gobierno se cree que somos tan ingenuos e ignorantes como para creer sin más a los periodistas, públicos o privados?
Si el medio “A” habitualmente omite entrevistar a ciertos actores o incluir ciertas fuentes —por sesgo, o simplemente porque no se puede representar toda la realidad en unas cuantas páginas limitadas— muy probablemente el medio “B” sí las incluya.
Y aún sin ningún medio lo hace, ¿qué le impide a Ud., estimado lector, hacerlo? Empiece su blog o su propio medio de comunicación con otras personas que opinen como Ud.
«No se puede representar toda la realidad en unas cuantas páginas limitadas», pusimos: el mapa no puede representar todo el terreno, pues dejaría de ser mapa y cubriría toda la extensión del terreno, ¿no cree? Pues la ley de comunicación de Ecuador pretende lo contrario. Ya veremos por qué.
Adicionalmente, con la epistemología constructivista sabemos que los sentidos humanos perciben tan sólo una pequeña parte de la realidad, y con esos estímulos limitados el cerebro construye una realidad aún más limitada. Todos conocemos las ilusiones ópticas etc.. Pretender que el periodista diga “la verdad, y toda la verdad” es un vergonzoso anacronismo que ignora la ciencia moderna.
La labor periodística es simplemente una forma concreta del ejercicio de la libertad de expresión. Hay voces que pueden ser más interesantes para nosotros; lo mismo grupos de personas afines que publican un medio. Nadie pretendería obligar a un ser humano a expresar una idea, que no desea expresar, a la fuerza; sería algo monstruoso, como manipular su mandíbula y su tráquea para que emita sonidos que expresen la idea que nosotros queremos. ¡Sería una violencia inadmisible en civilización! Sin embargo, ¿por qué creemos que lo que es una abominación hacerle a un individuo, es lícito hacérselo a un grupo? ¡Es peor! No hay justificación alguna.
Esa maniobra gubernamental de pretender avergonzar o crear “cargo de conciencia” en los ciudadanos periodistas por ser “militantes” o “no ser equilibrados, imparciales, etc.” tiene como único objetivo acallar voces críticas. ¡No le demos el gusto!
Esta estrategia gubernamental tan hábil como falaz puede considerarse una variación del bait and switch.
“Bait and switch”, literalmente “cebo y cambio” hace referencia a una práctica comercial deshonesta, en la que se atrae a un cliente con el “cebo” de una promoción interesante, pero no se entrega lo prometido, sino algo distinto de menor calidad.
Usualmente se usa la falacia del “hombre de paja” para ridiculizar un remedo de la posición del oponente. Pero en este caso se actúa más sutilmente: se le atribuyen cualidades excelsas ideales a la actividad del oponente, para cuando luego el oponente por supuesto no está “a la altura de tan sublime profesión”, proceder a reprimirlo o humillarlo o manipularlo.
Por ejemplo, se habla de que “el periodista es un intermediario” de la vida social (pero se le prohíbe inmisuirse en política); se le fijan estándares imposibles de cumplir en su labor: debe ser imparcial, equilibrado, contextualizado, etc.; y cuando no lo es —pues es imposible serlo siempre— el poder se permite criticarlo y sancionarlo.
El bait and switch consiste en que se convence al público poco informado de que “el estado va a reprimir actos reñidos con la ética” de los periodistas, algo que suena bien, pero lo que en realidad va a reprimir es el ejercicio de la libertad de expresión y comunicación. Una cosa es aceptable, pero la otra no, y si no nos damos cuenta del “cambio”, habremos sido engañados.
No caigamos en esa falacia. Olvídese del periodista, y veamos a ciudadanos usando su libertad de expresión. Así tendremos expectativas más realistas de lo que hacen los periodistas, y se notará más claramente el abuso de la mano pesada gubernamental.
De esa manera no nos dejaremos manipular cuando algún apologista del estado señale con el dedo, «¡horror! ¡Ese periodista se está inmiscuyendo en política!», nuestra respuesta será encogerse de hombros y un «¿Y qué? Hacerlo es derecho de todo ciudadano» dicho con displicencia.
Jorge Lanata lo expresa mejor: «No creo tanto en la cosa pedagógica en los medios. Estos tienen que dar espacio para que se discuta, pero no creo que estén arriba, la gente abajo y que tengan que enseñar; porque son espacios de la libertad».
Esperemos menos de los periodistas; no esperemos que ellos hagan siempre lo que de todas formas nos corresponde a nosotros: confrontar fuentes, informarnos bien, ser escépticos, etc. No los idealicemos, y nos decepcionaremos menos.
El gobierno parecía creer lo contrario cuando se hizo con un conglomerado de medios confiscados a los Isaías y a Aspiazu.
Pueden identificarse algunos momentos en la relación del gobierno de Correa con los medios: 1, la luna de miel, que poco duró. 2, la creación de un conglomerado de medios, arrebatándolos a sus controversiales dueños. Primero, apoderándose de El Telégrafo a los pocos meses de llegados al poder; y a un año de haber logrado el poder, los medios de los Isaías. 3, tratar de influir en la línea de los medios, prohibiendo publicidad y a los ministros aceptarles entrevistas (año 2012). 4. al ver que poseer muchos medios no garantizaba mucha audiencia, promover la creación de la ley de comunicación, para controlar directamente a los medios (2013).
Pronto se desengañó: la lectoría del diario confiscado cada vez era menor, y salvo los programas de entretenimiento, la audiencia prefería los noticieros de medios independientes.
Esa impotencia de no poder controlar la audiencia radicalizó aún más al gobierno: empezó la propaganda masiva, las cadenas obligatorias, las “cadenas ad hoc en un solo medio”, e incluso para criticar al propio conductor del programa interrumpido, y el clamor gubernamental por una ley de comunicación que permita al gobierno controlar los contenidos.
Como dice Jorge Lanata, «tenemos regímenes que, todo el tiempo, confunden al Estado con el Gobierno y las audiencias, los públicos se generan con talento, no por decreto».
Por ello es irónico que Casado diga que en el país «históricamente ha habido una hegemonía de los medios privados con fines de lucro sobre el resto», sin ver que actualmente el gobierno tiene el holding más grande de medios del país, pero no la audiencia, ¡y eso es lo que más les duele!
De ahí que expresiones ominosas e hiperbólicas como «La concentración de medios por parte de las élites ecuatorianas les ha permitido imponer y reproducir un pensamiento único afín a sus intereses, basado en la democracia liberal como la única forma de gobierno», sin proporcionar evidencia alguna (y eso de “imponer el pensamiento único” en Ecuador de polémicas periodísticas y políticas tan diversas como apasionadas suena ridículo) es irresponsable.
¡Ah! Y ¿qué es eso de negar la exclusividad de la democracia liberal como forma de gobierno? ¿Acaso el autor conoce alguna alternativa mejor? Debería mencionarla, por lo menos; pero dada su afinidad con gobiernos autoritarios como el de Ecuador y Venezuela, no somos optimistas.
Hernán Reyes Aguinaga, que es mencionado en repetidas ocasiones en el libro, expresa claramente la posición gubernamental respecto a la necesidad de medios estatales: «son una suerte de contrapeso en una agenda informativa que los medios privados incorporan normalmente en sus páginas».
El gobierno así convierte a los medios públicos en voceros del gobierno ante una prensa crítica, cuando deberían en realidad recoger todas las voces de la sociedad, pues el gobierno no sólo (en teoría) sirve a quienes votaron por él, sino a todos los ciudadanos.
En el mismo artículo enlazado se lee: «Roque Rivas recordó los criterios de la Unesco (“un diario público tiene la responsabilidad de publicar contenidos de interés general y, además, de criticar las cosas que se están haciendo mal dentro del gobierno de turno”)».
Más información puede encontrarse en el documento Principios y “buenas prácticas” para los medios públicos en América Latina, de la UNESCO.
Si un medio público ha de recoger un interés general, no sólo partidario, e incluso permitirse criticar al gobierno en funciones, ha de ser independiente de ese gobierno.
Así como hay diarios privados que tienen una línea crítica al gobierno, si ha de haber diarios o medios con una línea afín al gobierno, deberían también ser privados.
Si el gobierno se supone sirve a todos los ciudadanos, no sólo a sus votantes, no tiene por qué dedicar recursos de todos a oponerse a algunos ciudadanos; si actuara así, estaría actuando como adversario de aquellos a quienes supuestamente sirve, ¡empleando los recursos que les ha quitado! Como si un ladrón usara parte del dinero que te arrebató para lanzar una campaña en tu contra. Jamás podría considerarse que ese ladrón está “a tu servicio”, ¿eh? Pero el estado pretende que creamos que medios afines a la permanencia del gobierno en el poder, coincide con el interés general. ¡No necesariamente!
Nadie impide a ciudadanos que apoyen al gobierno a organizar con sus propios recursos medios oficialistas y lanzarse a conquistar las audiencias.
Sebastián Vallejo, acaso el único articulista de opinión del diario público El Telégrafo que se da el lujo de criticar el gobierno, lo expresa contundentemente:
lo que parece ser la crítica imperante— cuestionar si hemos logrado trascender esa posición de medio gubernamental/estatal a medio público. En el hipotético caso de un Ejecutivo sin un candidato de Alianza PAIS, y lo que eso significaría para los medios públicos. ¿Desapareceríamos? ¿Cambiaríamos nuestra posición editorial? ¿Seríamos todos reemplazados? Porque si la respuesta es afirmativa a cualquiera de esos posibles escenarios, significaría que, sí, los críticos tienen razón, no somos más que otro medio estatal. Un medio cuyo contenido y enfoque están determinados por el partido en el poder, y no por una idea fundacional más amplia.
Lo que alguna vez se mostró como una visión alternativa, un debate ampliado de voces críticas, cada vez más, se está volviendo un unísono predecible de la posición y visión que se adoptará. En otras palabras, nos estamos convirtiendo en aquello que tanto se ha intentado combatir, nos estamos convirtiendo en un medio privado. No privado en cuanto a quien lo financia, sino privado en cuanto a quien responde (o a quien quiere agradar).
(…) Una vez más, y esto es una lástima, los medios públicos están a merced del Ejecutivo. Una lástima, más que nada, porque como veedores del poder desde lo público, es difícil hacerlo cuando también estamos atados a uno de esos poderes (el gubernamental en este caso). Con un representante del Ejecutivo en el directorio de los medios públicos pero, sobre todo, con su capacidad de decidir el futuro de quién dirige los medios públicos, difícil será que exista un ambiente de verdadera independencia. Claro está, poca es la motivación del Ejecutivo de soltar a los medios.
Ya en la pág. 20, Casado se alegra de un “nuevo escenario” donde «una mayor presencia de medios públicos “como parte de un discurso que pretende contrarrestar las agendas y posiciones editoriales de los mayores medios privados”». Claramente no ha entendido que los medios públicos NO deberían convertirse en fortaleza de correístas, sino que deberían servir de plataforma a TODOS los ciudadanos, no sólo a los oficialistas.
Aparte de eso, me da TERROR que el estado se proponga como meta antagonizar a una parte de la población. ¿No hemos aprendido nada de la historia?
Toda la arremetida gubernamental contra la libertad de expresión y comunicación se basa en una mentira: “la gente se cree a pie juntillas lo que dicen los medios. Los medios mienten, perjudicando la imagen del gobierno; por lo tanto, debemos obligarlos a decir la verdad”.
Obviamente ni es cierto que la gente les cree todo a los medios ni es capaz de detectar el sesgo; ni que los continuos abusos del gobierno sean mentira (es decir, su imagen la deteriora el propio gobierno, con sus actos autoritarios); y peor aún que haya necesidad de burócratas en un orwelliano “ministerio de la verdad” que determinen “la verdad” e impongan su expresión bajo amenazas a ciertos ciudadanos.
Casado ya dice en la pág. 5 del libro: «describiremos algunos problemas … que podrían tener consecuencias perniciosas en el derecho de la población de recibir una información rigurosa, contrastada y veraz».
Es otro ejemplo de ideas que suenan buenas, pero más bien obscurecen el pensamiento, y esconden falacias.
En efecto, ¿quién podría negar la conveniencia de recibir «información rigurosa, contrastada y veraz»? Difícil oponerse a “algo tan bueno”.
La cuestión es quién determina que un producto periodístico contenga dicha información rigurosa, contrastada y veraz. ¿Un ente burocrático? ¿El presidente? Sonaría absurdo, pero ése es el caso de Ecuador actualmente. Un delegado del presidente nos “da decidiendo” qué es riguroso, contrastado y veraz, y qué no. Su opinión —pues no es sino una opinión— está respaldada por el monopolio de violencia, ¡y eso sí puede traer “consecuencias perniciosas”, como teme Casado!
La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH claramente dice: «7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales». Pues así los gobiernos se reservarían la última palabra en el discurso público, lo cual es inadmisible. Recordemos que no tenemos “amos”, como lo eran los reyes de antaño, sino (supuestamente) servidores.
Otro punto en el que la ley de comunicación contradice principios de DD.HH. es el requisito de que los periodistas deben ser profesionales graduados de universidad. Los estándares internacionales de DD.HH. más bien ven esa “exigencia de excelencia” como un intento de control de la comunicación, que es derecho de todo ciudadano: «6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados» (¡Esto último contradice todo el espíritu de la ley de comunicación!) Recordemos que la labor de los medios es un uso concreto de la libertad de expresión; no es un “servicio público” como afirma el gobierno, para confundir y justificar su violencia.
Esto fue entendido ya hace cinco años incluso desde las filas del gobierno: «colocar la exigencia de título profesional [significaría] excluir al resto de personas a hacer uso del derecho a la comunicación», comentaba acertadamente la asambleísta oficialista Paola Pabón. Lamentablemente se impuso la tendencia gubernamental a escolarizar la sociedad.
En serio, alguien debería llevar el caso a la CIDH a ver si por lo menos se declara que esa ley no se ajusta a estándares internacionales de derechos humanos.
Emilio Romero Parducci, abogado y articulista de opinión de El Universo, escribe en Patología del poder analiza la que denomina «ruinosa orfandad» de los conceptos de la ley.
Primero se enfrenta a la declaración de información como bien público:
los papinianos criollos … dejaron escrito en su art. 71 —sin salvedad ni distinción alguna— la ampulosa memez ideológica de que “la información es un bien público” … ni siquiera ha indicado puntualmente a qué clase de “información” se refiere con semejante declaración jurídicamente falsa, que, como cualquiera comprenderá, actualmente abarca desde los legítimos secretos militares hasta las investigaciones científicas o tecnológicas de los sabios y sus descubrimientos patentados, pasando por las “informaciones” que las mismas leyes declaran secretas, restringidas, reservadas, privilegiadas o de propiedad privada, como el secreto profesional, los secretos de fabricación, la reserva sobre datos personalísimos y los derechos de autor.
Ni tampoco ha distinguido dicho art. 71 a qué clase o clases de las “informaciones” propias de la actividad comunicacional se refiere, ya que, en general, la materia prima de esa actividad son todas las informaciones de libre difusión, incluyendo, entre otras, las opiniones, las investigaciones, las noticias sobre hechos consumados, las entrevistas, los pronósticos, las encuestas, las estadísticas, las noticias en desarrollo y hasta las esquelas mortuorias y los avisos clasificados.
Y si a todo esto se agrega —como la cereza del pastel— que todas las “informaciones” prenombradas son, según la LOCA, un “bien público”, resulta que, gracias a esa monumental tontería, los secretos militares, los secretos profesionales, los secretos empresariales, las patentes de invención, los datos personalísimos del amable lector y las esquelas funerarias, entre otros, por ser “informaciones”, son “bienes públicos” o “bienes de uso público”, como las calles y los puentes, según el art. 604 del Código Civil. ¡¿Qué tal?! De locura, ¿no?
Pésima la redacción de la ley, pero recordemos que hay un método en la mediocridad burocrática: definiciones poco exactas permitirán al burócrata decidir qué es qué, según le interese en ese caso concreto.
Continúa Romero Parducci en la segunda parte de su artículo, refiriéndose a la tautológica definición que de “interés público” contiene la ley:
Art. 7.— Información de relevancia pública o interés general.— (sic) Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general (sic).
Semejante tentativa de definición nos ha recordado que nuestro profesor de Lógica no se cansaba de repetirnos que entre las reglas que debían observarse con respecto a la “definición” se destacaba … que lo definido no debe contenerse en la definición. … Entonces, queda claro que en la LOCA no existe definición legal que explique qué es “información de asuntos de relevancia pública o de interés público o de interés general”.
Hábilmente el burócrata y el político totalitario, al definir-sin-definir, logran que finalmente la definición ad hoc sea lo que ellos deseen.
«con esa falsa “definición” por delante, ¿quién le dio al superintendente el poder de calificar, por sí y ante sí, qué es el interés público o el interés general, para luego sancionar con base en esa calificación? ¿Quién es el superintendente para endosar o endilgar a terceros supuestas responsabilidades dizque originadas dentro de un cliché como ese, que ni la misma LOCA se atrevió a definir?», se pregunta el articulista.
¡Pero si de eso mismo se trata!: de confundir, de obscurecer ideas injustificables —que haya una “policía del pensamiento”, que se castigue las ideas que desagradan al poder— para evitar la indignación que esos atropellos causarían en cualquier ciudadano consciente.
«La ley es la ley», palabras empleadas textualmente por Ochoa, comisario del pensamiento; “se ha incumplido lo que ordena, por lo que debe haber sanción”, parece ser la convincente falacia, que omite que lo que la ley ordena intencionalmente no es nada claro.
Mencionábamos en otra parte que el mapa no debe representar todo el territorio, pues de lo contrario no sería mapa, ni útil.
Un tuitero se preguntaba irónicamente si los medios estaban complotados para censurar y ocultarnos lo que sucede en algún “Tangamandapio” cualquiera, el arquetípico pueblito somnoliento de un rincón del país. Por supuesto que no; pero la ley ecuatoriana, la “LOCA” de la que habla Emilio Romero, permite castigar a los medios que no publiquen lo que sucede en todos y cualquiera de los Tangamandapios del país. Y de cualquier otro país, por qué no, la ley no especifica nada en contrario.
Una vez más, hay un método en la mediocridad burocrática: permite castigar más fácilmente. De eso se trata el monopolio de violencia, al fin y al cabo.
Finalmente el agudo Dr. Romero termina recordando otra inconstitucionalidad de la LOCA:
respecto a la “libertad de información”, el art. 165 de la Constitución la reconoce expresamente como una de las libertades humanas más importantes, según lo confirma la misma LOCA con el título de su art. 29 y con el texto de su inciso final; lo cual significa que, salvo las excepciones constitucionales para el “estado de excepción” y para los derechos de “rectificación” y de “réplica”, previstos en el art. 165 y en el numeral 7 del art. 66 de la de Montecristi, los medios de comunicación tienen toda la libertad de cubrir y de no cubrir, y de difundir y de no difundir las informaciones que les dé la gana, ya sean de interés general o no. Capisci?
Pues no solamente hemos visto que no sólo se viola la libertad de expresión, al censurar contenidos; hoy también es común violar la libertad de informar (o no hacerlo) cuando el poder impone a los medios la publicación de contenidos que le interesan. Como explica el Dr. Romero en la tercera entrega de “Patología del poder”:
salvo las excepciones provocadas por un “estado de excepción” o por los derechos de “réplica” y de “rectificación” que establece la Constitución, nadie les puede legalmente obligar a los medios privados de comunicación que difundan determinadas informaciones, es decir, que —salvo esas excepciones— ninguna autoridad les puede imponer a ellos que publiquen “contenidos” de ninguna clase: ellos pueden difundir las informaciones que quieran y no hacerlo con las que no quieran, en uso y goce legítimos de la “libertad de expresión”, del “derecho a la información” y, especialmente, de la “libertad de información” …
Claro que semejante aseveración enardecerá a los policías del pensamiento, quienes posiblemente gritarán desde el poder: ¡Qué pasa, entonces, con la parte final del primer inciso del Art. 18 de la LOCA, que dice que los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público, y que la omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa! Pero tal reclamo sería inútil, porque ese texto tan cacareado (incluido mañosamente contra la prensa libre en dicho Art. 18) es absolutamente inconstitucional.
Como ya mencionamos, algo que es malo hacérselo a un individuo —obligarlo bajo amenazas a expresar una idea— sigue siendo malo hacérselo a un grupo. Los ciudadanos no pierden derechos por emplear su libertad de asociación. Pero ¿quién se lo hará entender a reptiles desprovistos de empatía?
Termina Romero su magistral exposición recordando la futilidad de declaraciones líricas de derechos cuyo cumplimiento requeriría violar derechos ajenos:
los denunciantes cuando invocaron en su denuncia el derecho que tenían a “recibir” informaciones veraces, verificadas y más, sobre temas de “interés general”; lo cual es verdad, pero solamente cuando del otro lado exista alguien que les dé esas informaciones … Entonces, salvo las excepciones constitucionales, si los medios independientes no pueden ser obligados a difundir contenidos, por sentido común nadie tendrá derecho a “recibir” los contenidos que los medios resolvieron no difundir.
Dilemas a los que nos empuja una ley hecha para disimular atropellos a derechos fundamentales.
Por último, frente a la reticencia que el lector pudiera experimentar ante la conclusión impecablemente lógica a la que llega el Dr. Romero —de que no es legítimo obligar a alguien o un grupo a expresar ideas que no les da la gana, pues así es la libertad de información— ¡nadie le impide que Ud. difunda las ideas que crea conveniente!
Incluso muchos de los medios en línea más populares surgieron así: Drudge Report, Huffington Post (como reacción al Drudge Report), Breitbart News (como reacción al Huffington Post), y entre nosotros los mencionados “4 pelagatos”.
No tema. La información, como el agua, busca su cauce; información de calidad siempre tendrá una audiencia. Abra su blog, comente en las redes digitales, y difunda la información que Ud. crea que vale la pena conocer.
El gobierno está hecho por seres humanos. Los mismos seres humanos que han de ser controlados por él. Pretender que los funcionarios sean más “desinteresados” y “angelicales” es una ingenuidad imperdonable. Son por lo menos tan malos como el pueblo que los elige, y su maldad es multiplicada por ese privilegio estatal del monopolio de la fuerza en un territorio. ¿Qué podría salir mal?
En la pág. 21, Omar Ospina opina que «el presidente de la República en la sabatina hace uso legítimo de su derecho a la libertad de expresión, como cualquier otro ciudadano». NO es “como cualquier otro ciudadano”: hay una asimetría.
Si en República se supone que todos somos iguales ante la ley, si a algunos ciudadanos se les va a asignar hordas de funcionarios y legiones de soldados armados (desde ya esto suena como una mala idea), ¿no cabe limitar otros derechos suyos en compensación?, para por lo menos dizque mantener una “ilusión de igualdad” y (soñar con) impedirles abusar de ese poder. Por eso se les pide, por ejemplo, transparencia; la mayoría de sus acciones en ejercicio de las funciones encomendadas no debería ser reservada, para que puedan ser fiscalizadas por los ciudadanos.
Ospina opina: «a mí me parece que tiene derecho a dedicarle diez minutos a la prensa cada ocho días y mandarlos al diablo, se llama libertad de expresión. ¿Por qué es buena para unos y no es buena para otros?», se pregunta inflamado, en el estilo que lo caracteriza.
¿Será acaso porque somos sus mandantes? ¿Toleraría Ud. una empleada doméstica, una secretaria que lo “mandara al diablo” a Ud. cada sábado? ¡Ni a un jefe!, ¡peor a un supuesto servidor! ¡Por lo menos es de esperarse un poco de cortesía para simular que son “iguales a los demás ciudadanos”, y no “superciudadanos” con todos los derechos y además legiones de esbirros pagados por todos, poder de crear leyes, funcionarios para aplicarlas, etc.!
«La polarización descrita deriva peligrosamente … en una comunicación propagandística “tanto a favor del gobierno como en contraposición abierta a este” … en detrimento de la audiencia ecuatoriana y su derecho a estar bien informada». FALSO. Es un miedo infundado, usado rápidamente por el gobierno para justificar su intervención…, a favor de sus intereses, por supuesto.
En efecto, si hay una “polarización nefasta”, ¿cómo hará el gobierno para eliminarla? ¿Acaso “convenciendo” a sus adversarios que cambien de opinión? “¿Para qué tengo el monopolio de violencia entonces?”, se preguntará el mandamás. Y empleando esa “herramienta” eliminará la polarización, violentando el derecho ajeno a “polarizarse”.
Así como el juez se hace una idea de los hechos escuchando a ambas partes, el público puede informarse mejor escuchando ambos puntos de vista. ¿Es que hay alguna alternativa mejor? ¿Un “ministerio de la verdad” acaso?
Así como un periodista supuestamente debería ser, según dicen, “imparcial, apolítico, contextualizado” etc., ¿no cabe pedírselo también a los autores de libros, como Casado? El propio Casado olvida la supuesta ética que exige a otros escritores, y denomina “elucubraciones” a la hipótesis planteada por Andrés Carrión, que “Correa desplegó una maniobra de polarización en busca de un culpable de los males de su administración y eligió a los medios de comunicación”.
Independientemente de que uno esté de acuerdo con esa hipótesis, ¡el periodista oficialista Rabascall confirma las “elucubraciones” de Carrión!:
en alguna ocasión yo le dije al presidente en una entrevista: “señor presidente, ¿a dónde nos va a llevar este nivel de confrontación? [con los medios, vs. la propaganda gubernamental]”, y el me contestó, cito: “hasta equilibrar las fuerzas”.
Y como si no bastara esa evidencia para considerar real algo que para Casado sólo son “elucubraciones”, hay otra referencia en la misma línea por parte del propio presidente y su secretario de comunicación, para quien los medios son «mala hierba» (sic), plantándole dos alternativas: «Tiene dos opciones para relacionarse con los medios: o ser un jardinero eficiente, tenaz, constante para mantener podada la mala hierba, o dejarles un espacio y negociar con ellos … El mandatario respondió, según Alvarado: “Yo quiero ser el jardinero hasta los últimos días de mi gobierno”».
¿Es ésa la visión de un servidor, o un amo? ¡¿El presidente y uno de sus ministros más poderosos ven a algunos de sus mandantes como mala hierba?! Parece increíble, pero así es en Ecuador.
p. 24:
Casado cita con gusto a Omar Ospina. Quien recuerde sus artículos de opinión en el extinto diario Hoy recordará a Ospina como opinionated, es decir, dogmático, terco en sus opiniones, sordo a toda refutación. Dice:
[El de Correa] Es el primer gobierno tal vez con la lejanísima excepción de Eloy Alfaro que en cien años mira al pueblo, eso a las clases dirigentes no les gusta.
Así, en la mejor tradición marxista, los apologistas del gobierno no se toman la molestia de refutar las innumerables alegaciones contra el gobierno, pues “sólo están reclamando por sus privilegios perdidos”. Ad hominem puro y duro. Me temo que si alguien quiere convencer deberá esforzarse más.
Además que no estará de más recordar que Alfaro jamás ganó una elección; siempre arrebató el poder con violencia, incluso a sus propios correligionarios; y que no es cierto que “el pueblo” lo apoyaba, pues miles combatieron contra él y murieron. Tantas familias que no lo apoyaban, como soldados muertos en la guerra civil. Alfaro no es ejemplo de nada, sino acaso de cómo apoderarse del poder por la fuerza; fue un mal ecuatoriano.
En la pág. 9 Casado cita al catedrático Hernán Reyes, para quien «nunca antes en la prensa ecuatoriana se habrían empleado “tonos” tan elevados para atacar políticamente a un presidente». «Nunca antes había visto … una posición de este tipo».
O sea, ¿jelou? ¿No ha oído hablar el catedrático Reyes de Montalvo y sus insultos por los que es mundialmente famoso?
Por lo visto Reyes tampoco está familiarizado con las investigaciones del periodismo nacional de Enrique Ayala. En su artículo Prensa local narra: «uno de los grandes pensadores y periodistas del naciente país, Fray Vicente Solano, ideólogo tradicionalista e implacable crítico de la realidad. Solano publicó también “La Escoba”, donde divulgó sus ideas y combatió a los gobiernos». ¡Me imagino la sorpresa de H. Reyes!
En La prensa en la historia del Ecuador: una breve visión general, el historiador escribe: «Pero había también otros que tenían un estilo intencionalmente agresivo y usaban el humor y la diatriba como instrumento fundamental. Esos periódicos se identificaban desde por el nombre. El Garrote, por ejemplo, publicaba como subtítulo: “Palo habrá desde los pies hasta el cogote”. Estos medios eran buscados y leídos, precisamente por su virulencia».
De ahí que resulte muy ingenua la posición de Casado y Reyes, de que sus “castos ojos nunca hayan visto polémicas así en la prensa ecuatoriana”. Si vieran Pancho Jaime seguro caerían desmayados… Hara-Kiri y Charlie Hebdo les causarían un infarto.
Entonces, es normal que quien quisiera polemizar acerbamente buscara publicar en la prensa. Hoy en día buena parte de esas diatribas han migrado a las redes sociales, y me atrevería a decir que el nivel de debate en medios es hoy mucho más civilizado que antaño. Y si antes los autoritarios clausuraban imprentas y desterraban periodistas, hoy piden [“regular”](cita Glas) las redes sociales, eufemismo para reaccionar con violencia estatal a quien me critique.
Como “intelectuales orgánicos” se denomina hoy peyorativamente a cualquier funcionario público cercano a las letras cuya función no consiste en producir nada de valor —como podría hacerlo un médico en un hospital público, un profesor o un policía— sino justificar lo injustificable: tratar de darle unas pinceladas de coherencia post facto a los caprichos del poder.
Por supuesto que es una tarea destinada al fracaso: los políticos son en general seres humanos muy mediocres cuya única habilidad —ganar elecciones— se ejerce prometiendo cosas imposibles a ciudadanos ignorantes.
De ahí que la tarea impuesta a los intelectuales orgánicos sea inútil: cualquier ciudadano más o menos enterado podrá descubrir las innumerables falacias que emplean para tratar de convencer a los ignorantes que el gobierno “sabe lo que hace”.
Sin embargo, que su tarea sea imposible e inútil, no les impedirá acometerla: a cambio de sus “talentos”, el gobierno les ofrece salarios que jamás lograrían en el sector privado. Por eso los “intelectuales orgánicos” emplean miles de horas (bien pagadas, por supuesto) y kilos y kilos de papel en producir y difundir mentiras. Veamos unas cuantas:
En el acápite denominado “Los periodistas políticos”, Casado emplea lo que, a falta de un mejor nombre, denominaré “falacia del supermán”.
Conocemos ya la falacia del hombre de paja («caricaturizar los argumentos o la posición del oponente, tergiversando, exagerando o cambiando el significado de sus palabras (del oponente) para facilitar un ataque lingüístico o dialéctico»). ¿Cómo llamaríamos lo contrario: atribuirle a la posición propia todas las bondades y virtudes? ¿”Falacia del hombre de acero”? ¿”Falacia del Supermán”?
Un ejemplo de esto sería el artículo ¿Qué es ser comunista? de Reinaldo Spitaletta (artículo que leí por su refutación, escrita por Vanesa Vallejo). Dice:
ser comunista era una condición de la sospecha. Un irreverente. Alguien que, en medio de las desigualdades sociales, aspiraba a la justicia y reivindicaba a las víctimas de la explotación. Un humanista.
ser comunista era (quizá lo siga siendo) estar del lado del progreso como expresión de la inteligencia, las ciencias, las artes, el desarrollo para todos. Era luchar por el conocimiento, contra las iniquidades e inequidades sociales.
Así que ser comunista —hoy como ayer—, para decirlo con sencillez, significa caminar en pro de la justicia social, de la construcción de una sociedad que no sea monstruosa como la que con sus tentáculos económicos, políticos, mediáticos y otros, esclaviza a tanta gente. Al fin de cuentas, Dios y el Diablo son comunistas: han construido, como diría Mark Twain, sendos lugares sabrosos: uno por la compañía y el otro por el clima.
Los pogromos, los gulags, las hambrunas causadas por ineptitud e intencionalmente que diezmaban millones de seres humanos, el Holodomor, las invasiones a países pacíficos y el apoyo a revoluciones violentas internacionales “no serían verdadero comunismo”, pues por definición el comunismo es todo lo bueno y bello que existe en la sociedad.
Si un “comunismo real” no se ajusta a tan bella definición, ¡pues simplemente no es comunismo! La consecuencia lógica es que el comunismo sería formalmente inmune a toda crítica. Si uno se cree la falacia, por supuesto.
Pues Casado usa esa falacia, pero al revés: le atribuye impropiamente al periodismo cualidades “ideales”, “angelicales” que no le son propias,* y se reserva el derecho de imprecar a los periodistas que no las cumplen. Por supuesto que él tampoco; pero en su libro él puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Libertad de expresión, también para periodistas y escritores.
* esas cualidades no le son propias al periodismo, pues entendemos al periodismo como mera manifestación de la libertad de expresión. La cual implica abstenerse de impedir el discurso que creemos tonto o exhasperante, porque acaso otros pueden asignarle mayor valor que nosotros y no somos quién para imponer nuestra opinión.
Así, Casado se refiere a los periodistas políticos como «aquellos que desde el ejercicio periodístico asumen una posición en relación al gobierno de Rafael Correa. No son simples mediadores entre la ciudadanía y las instituciones públicas, saben perfectamente que ocupan un lugar en el tablero político actual y, según el lado en que se encuentren, toman partido atacando o promoviendo el proyecto político del Ejecutivo nacional».
Si los periodistas son “mediadores”, la consecuencia lógica será cargarlos de “deontología”: supuestas “obligaciones éticas” para el ejercicio de “una noble e importante función pública”. Casi como si fueran funcionarios públicos.
No: si los vemos como simples ciudadanos ejerciendo su libertad de expresión, esas supuestas “obligaciones éticas” que tendrían ellos y no los demás ciudadanos se convierten en piedras de escándalo y justificación de la discriminación (cuando necesariamente terminan incumpliéndolas). Eso es inaceptable, por supuesto.
TODO ciudadano puede “hacer de mediador entre la ciudadanía y las instituciones” si es que consigue una audiencia. Si logra que su audiencia le paguen por eso, bien por él. Cualquier ciudadano que logra comprar una imprenta/estación de televisión y vender ejemplares/publicidad, no por eso pierde derechos, ni adquiere obligaciones peculiares. Si rompe las leyes se enfrentará a consecuencias, como cualquier otro ciudadano. ¡No caiga en la “falacia del hombre de acero”!
Pues Casado et al. basan su libro entero en las supuestas “obligaciones éticas incumplidas por periodistas”. Casado: también las incumples tú constantemente en tu libro. Y seguramente yo también aquí. Pero la diferencia es que no creo que sean obligaciones: tanto tú como los ciudadanos conocidos como periodistas usan su libertad de expresión, imperfectamente como todo ser humano.
Fernando Casado: Pero ¿no crees que quizás Estados Unidos tiene una agenda en la región y en todo el mundo?
César Ricaurte: Por supuesto.
F.C: Y quizás no ayuda mucho a la causa de Fundamedios relacionarse con ciertos actores que claramente tienen una agenda… ¿No puede perjudicar en cierta medida los fines, los objetivos precisamente de la defensa de libertad de expresión verse con ese actor? Hay una confrontación entre Correa y los Estados Unidos. ¿No perjudicaría mucho a Fundamedios?
Casado seguro se refiere a recibir financiamiento de agencias internacionales podría afectar su credibilidad, pero suena a amenaza: “Hay una confrontación entre Correa y EE.UU., y te financian agencias de EE.UU…. ¿Te podría perjudicar que te financien nuestros adversarios?”
Bastante malo es que el discurso pro-gubernamental se parezca a una escena de El Padrino, pero Casado parece olvidar que el gobierno ecuatoriano también tiene su agenda propia (básicamente, mantenerse en el poder), agenda que no necesariamente coincide con los intereses de la sociedad, ¡o por lo menos con los de la oposición, que es una parte significativa!
Casado, muy hábilmente, trata de presentar como perjudicial a Fundamedios una asociación que en realidad es perjudicial para el gobierno de Correa. Maestro en red herrings, Casado.
«No podemos olvidar que Fundamedios juega un rol activo en el desprestigio internacional del gobierno de Correa en materia del derecho a la libertad de expresión», afirma Casado. ¡Dios! Según Casado, no son los actos autoritarios del propio gobierno los que lo desprestigian —actos recogidos para la posteridad en numerosos libros— sino que el malévolo Fundamedios los revele. ¡Pobrecito monopolio de violencia, es víctima de una fundación! Ridículos.
Luego Casado habla de periodistas que han migrado a plataformas digitales, y se refiere a ellos peyorativamente:
son periodistas provenientes de medios tradicionales, algunos de ellos expulsados como consecuencia de utilizar sus espacios informativos o de opinión con fines proselitistas anticorreístas que acabaron por ser intolerables por sus jefes, otros desempleados tras el cierre de empresas por malos manejos administrativos como en los casos del diario Hoy y la revista Vanguardia.
Casado ignora, u oculta, la prohibición-secreta-a-voces de contratar a periodistas incómodos con el poder —Carlos Vera, Jorge Ortiz, Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, Martín Pallares, entre otros— si los medios no quieren disgustar al poder y enfrentar “casualidades” como visitas constantes de inspectores de trabajo, de impuestos, del seguro social, de la superintendencia. “¡Pruebas!”, pedirán Casado y Cía. Las ofreceremos cuando los ladrones den recibos.
Es poco noble también atribuir a “malos manejos administrativos” la desaparición de diario Hoy y la revista Vanguardia, que en dos ocasiones sufrió la confiscación de sus computadoras y archivos (!) por conflictos con funcionarios corruptos de la función ejecutiva, no con la judicial; esto, con un despliegue policial totalmente desproporcionado, con agentes en armadura completa y rostros cubiertos, armados hasta los dientes; allanamientos e incautaciones que “casualmente” coincidían con la publicación de severas denuncias contra altos funcionarios.
Respecto a los conflictos laborales que surgieron por una situación económica difícil en esos medios, el gobierno ya experimenta una situación similar: no le alcanzan los ingresos para pagar sueldos, ¡y despedir sería aún más caro! ¡El gobierno pierde menos dinero manteniendo a un personal al que no se puede pagar! El gobierno, “el más frío de los monstruos fríos” (Nietzsche), engendro totalmente desprovisto de empatía, por fuerza de las circunstancias experimenta la rigidez de sus propias leyes, como los privados.
También se ignora entre los oficialistas la inevitable tendencia gubernamental a la paradoja: obtener resultados contrarios a los que espera. Por tratar de acallar las voces disonantes en la prensa tradicional, la impresa, buena parte de los periodistas de prestigio y sus lectores fieles migraron a medios digitales, que por ahora escapan del ámbito de competencia de la Ley de Comunicación; con cifras de lectoría que ya quisieran medios tradicionales (y ni hablar los públicos).
En la pág. 40 Casado otra vez vuelve a aplicar la falacia del “hombre de acero” al periodismo. Al criticar a 4 pelagatos, dice:
Muchos de sus textos no han sido más que un instrumento de liberación de la ira y del desprecio a través del insulto. Una verdadera “lectura analítica del acontecer nacional” dejaría de lado las ofensas, las burlas y las difamaciones para dejar paso a un debate respetuoso, basado en asuntos de interés público y no en meras especulaciones.
Mutatis mutandis: lo escrito por los 4 pelagatos no sería “verdadera lectura analítica”; sería sólo “meras especulaciones”. La opinión de Casado es un insulto a la inteligencia de los miles de lectores de 4 pelagatos que opinan lo contrario.
En la siguiente página Casado termina de regarla. Casado opina que «en términos generales el presidente del país debería estar metido en todo lo que sea de importancia para la ciudadanía; no entendemos que dicha actitud pudiera ser calificada como hiperpresidencialista».
Haría bien Casado en esforzarse en entenderla, para no andar defendiendo gobiernos que han sido constantemente denunciados como autoritarios. La concepción del poder de Casado, como potestad auto-justificante —“tengo el poder, así que puedo usarlo para meterme en lo que yo considero importante, eso no tiene nada de ‘híper’”— contrasta diametralmente con quienes creemos que, en una república, el poder debe concebirse como servicio, y ha de ser limitado, sujeto a contrapesos, constantemente supervisado, criticado e impugnado, etc. Y por supuesto que ha de existir una amplia esfera privada en la que no “esté metido” el presidente.
p.41:
Marlon Puertas afirma que Focus contiene «información durísima, muy dura, muy dura, muy fuerte, información que por la Ley de Comunicación vigente sencillamente no puede salir en otros lados». Casado opina:
Puertas pretende justificarnos que la falta de contrastación de la información por la imposibilidad de entrevistar a voceros oficiales impediría su publicación por mandato legal. Puertas o bien no conoce la LOC, o bien pretende darnos una idea equivocada de la misma, pues si una fuente no quiere participar y dar su versión en una información determinada, esto no tiene por qué detener su salida a la luz pública.
Mas Casado supone que Puertas afirma que esa información no puede salir en medios tradicionales únicamente debido a que no puede ser fácilmente contrastada. De paso Casado admite la dificultad que supone obtener pronunciamientos de funcionarios. ¡Pero Puertas nunca se refirió a eso!, al menos no consta en el texto citado por Casado.
No voy a pretender leerle la mente a Puertas, pero publicar denuncias duras en medios tradicionales es convertirse en “presa fácil”, sitting duck, del gobierno. Recordemos el caso de Vanguardia: allanada dos veces, y lo que hacen los funcionarios presidenciales (no judiciales) es confiscar computadoras, discos duros y archivos por presuntos litigios laborales.
El gobierno, consciente de que diario Hoy ya sufría dificultades económicas, lo multó con $58.000 con la intención de quebrarlo, por supuestamente no informar del tiraje; pese a que la LOC no establecía multa alguna, sino sólo obligación de disculparse. Poco después de impuesta esa impagable multa, diario Hoy salió de circulación.
No olvidemos tampoco que la Supercom multó a diario Extra con más de 150.000 dólares por supuestamente incumplir con la interculturalidad, aunque más bien el diario afirma que es represalia por las severas denuncias de corrupción publicadas por el diario Expreso —hermano del Extra— tan sólo dos semanas antes… ¿Casualidad?
Sin olvidar que, pocas semanas antes de la publicación —cuando puede suponerse que la investigación estaba en curso— ladrones ingresaron a las oficinas de diario Expreso en Quito, y se llevaron específicamente las computadoras de los redactores de política y de la editora, ignorando los demás artículos de valor. Los encapuchados recorrieron la redacción de diario Extra, sin llevarse nada, para dirigirse luego a la de Expreso, donde sustrajeron las computadoras…
Con todos antecedentes, ¿Casado cree que no publican las investigaciones “sólo porque los funcionarios se niegan a contrastarlas”? Eso indica una negligencia imperdonable en conocer la historia reciente y el gangsteril proceder del gobierno con el que Casado colabora, o la intención de engañar al lector, ocultándole información. Ninguna de las alternativas es halagüeña para Casado.
Continúa Casado refiriéndose a Fernando Villavicencio, denominado en redes sociales “el verdadero contralor del Ecuador” por las numerosas denuncias de corrupción que ha hecho en contra de funcionarios de alto nivel:
Basta escuchar la animadversión por parte del responsable del blog, Fernando Villavicencio al gobierno de Correa para darse cuenta de su postura claramente opositora. Pensar que ésta no contamina el contenido de sus publicaciones sería un acto de verdadera ingenuidad.
¡Wow! ¡Algo muy malo ha de suceder porque quien escriba sea opositor! Claro que no. En vez de analizar si lo que publica Villavicencio es verdad o no, más cómodo es un ad hominem y listo: ¡huelga la lectura, huelga el análisis!
Casado menciona sin detenerse a analizarlas las gravísimas acusaciones de M. Puertas, que afirma que quienes compren publicidad de medios en línea de abierta oposición enfrentarán represalias del gobierno. Culmina expresando, refiriéndose a Villavicencio: «El activismo político de quien aparece para la campaña presidencial de principios del año 2017 al lado del candidato de derecha y banquero Guillermo Lasso, es innegable».
Ése es el verdadero problema para Casado: que un periodista sea opositor. Sólo los periodistas opositores, para Casado, son ciudadanos de segunda: no “tienen derecho” a participar en la organización de la sociedad. Que periodistas afirmen que el gobierno persigue a quienes financian empresas periodísticas de oposición, es algo que no merece comentario alguno de Casado.
Casado consigna la crítica de Carlos Rabascall, acaso junto con Vallejo los únicos periodistas de medios públicos que se dan el lujo de ser críticos con el gobierno:
Si yo salgo en un medio público y hago [una] crítica vienen los señores tuiteros adeptos al gobierno central y me hacen mierda, por qué, porque aquí se pone la etiqueta si eres privado eres independiente, pero si eres público tienes que ser gobiernista porque te está pagando el Estado. ¿Acaso yo tengo que renunciar a mi capacidad de pensamiento crítico porque alguien me está pagando mi honorario a cambio de mi trabajo? A mí me pagan para hacer mi trabajo bien, no me pagan para ser cheerleader de nadie y en comunicación uno tiene que tener pensamiento crítico independiente.
Para Casado lo inusual no es que haya trolls, sino que se “especule” que «los trolls son figuras creadas por el gobierno central para amedrentar a los periodistas y medios “críticos” e “independientes”. Sin embargo, durante las entrevistas a periodistas tanto de medios públicos como privados estos denunciaron ser víctimas de tales personajes».
¿Ven la falacia? Sería falso que los trolls son creados por el gobierno, pues también atacan a periodistas de medios públicos…, pero sólo cuando criticaron al gobierno. Los trolls atacan a quien se atreve a criticar al gobierno, venga de donde venga. Cui bono?
Que un gobierno dedique recursos a oscuros funcionarios anónimos cuya tarea es insultar a los ciudadanos críticos, en cualquier república sería un escándalo. Pero Ecuador no es una república.
Casado finalmente admite sin reparos que no le gusta que haya periodistas de oposición:
Para algunos periodistas la toma de partido por parte de los medios de comunicación transmuta en un fenómeno legítimo o ilegítimo según de dónde venga. A Martín Pallares le parece “perfectamente normal y legítimo” que los medios estén divididos a favor y en contra del gobierno, ya que “eso pasa en todo el mundo”, principalmente en los países más desarrollados como Inglaterra donde “la prensa es completamente partidista y eso no tiene nada de malo” (Entrevista personal N° 3. Septiembre de 2015). Sin embargo —matiza—, cuando el partidismo viene de un medio público “se hace con dinero público, lo cual para mí es una malversación de fondos, es un uso inmoral, ilegítimo e ilegal de los fondos públicos”, a diferencia del partidismo en medios privados, visto como “el ejercicio de la libertad de elección del dueño y de quien compra El Comercio, El Universo y La Hora”.
He ahí una vez más la total incomprensión de Casado et al. sobre la función de los medios públicos. ¿Acaso el presidente sólo está llamado a servir a quienes votaron por él, a sus seguidores? Claro que no: se supone que debe servir a todos los ciudadanos, pues todos son sus mandantes; lo contrario vendría a significar que hay ciudadanos “de primera clase”, los partidarios del oficialismo, y ciudadanos “parias”, de segunda, meramente tolerados: los opositores.
De la misma manera, los medios públicos deberían recoger las voces de toda la sociedad, no sólo de partidarios del gobierno; deberían presentar enfoques y opinión que interesen a todo el espectro político, y no convertirse en apólogos de las opciones de una parte de la sociedad con los impuestos de todos.
Continúa Casado:
La diferencia de Ecuador respecto de los países occidentales del centro radica es que aquí todos los medios privados en bloque adversan al gobierno, no existe en ese sentido una pluralidad partidista de posiciones.
Como dijimos antes, nadie impide a los correístas —muchos los hay muuuy prósperos— reunir sus capitales e instalar medios privados oficialistas para contrarrestar a la oposición. Así se ha hecho siempre. ¿Por qué usar los recursos de todos —los impuestos— para los intereses de algunos?
Mas sabemos que quienes se acercan al gobierno no lo hacen con la idea de “sacrificarse sirviendo al pueblo”, sino con la de enriquecerse, por lo menos con los sueldos-sobreprecio que reciben. Jamás se ve que un estatista gaste su dinero en el servicio del público; a lo mucho lo invierten, con la idea de multiplicarlo en el ejercicio del poder.
Casado al parecer cree haberse anotado un tanto con César Ricaurte:
Fernando Casado: ¿Cree que los medios privado toman partido a favor de la oposición al actual gobierno?
César Ricaurte: sí, puede ser, si fuera así sería legítimo porque tú puedes decir yo creo en los valores republicanos tradicionales, en la separación de poderes, etcétera, y veo que este gobierno no representa eso, por lo tanto voy a oponerme. Creo que eso es legítimo. Ahora lo que tú decías ¿Eso se tendría que explicitar en las líneas editoriales? Sí, probablemente sí, pero en el mundo real las cosas son un poco más complejas.
De acuerdo con el probablemente sí, no más; la gente no es tonta, el lector fácilmente encuentra sesgos. Basta leer los comentarios en redes sociales a las publicaciones de los medios, oficialistas o no: los lectores dejan clara su inconformidad con los sesgos. La multitud de faltas ortográficas dan la impresión de que aún lectores poco sofisticados no creen a pies juntillas lo que publican los medios. Así que si un medio desea expresar claramente su línea de opinión, bien por él; basta con que sea, y parezca, independiente. Del poder.
Esa es otra cosa que son incapaces de comprender Casado y cía: «Opiniones como las de Pallares y Ricaurte según las cuales el oposicionismo de los medios privados es un hecho legítimo, contradice la supuesta independencia editorial alegada por dichos medios, valor que ha sido defendido por sus dueños y demás periodistas en casi todas las entrevistas realizadas y que, además ha sido sacralizado en sus respectivos códigos deontológicos».
¡La independencia siempre se ha considerado como independencia del gobierno en funciones! Si, como recordaba Enrique Ayala, el surgimiento de diarios privados iba de la mano de proyectos políticos, la independencia de esos medios se refiere al hecho de que no estaban a favor del “monopolio de violencia” en funciones, y que uno podría encontrar en sus páginas revelaciones que el poder preferiría que no trascendieran. Pero eso no lo entiende un profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales.
Hinostroza afirma: «Los medios han sido siempre súper críticos, incisivos, perseguidores de quienes están en el poder, porque ese es nuestro deber, esa es nuestra tarea, mantenernos fuera y mirar, analizar, documentarnos, publicar y poner el dedo en la llaga». Casado comenta: «Una forma épica y plausible de describir la labor periodística, pero que lastimosamente no se corresponde con la realidad del periodismo ecuatoriano, donde la prensa privada se ha mostrado bastante complaciente con el poder político y el económico-financiero cuando de defender sus intereses se trata».
Me pregunto cómo nos enteramos los ecuatorianos de los escándalos que han plagado continuamente la política ecuatoriana, sino por los medios privados. Incluso cuando los medios privados hacían apología desvergonzada de los intereses de sus dueños —El Telégrafo en la época de Aspiazu, TCTV en la de los Isaías— por más desagradable que resulte la experiencia, el lector ha de buscar la verdad entre el mal gusto; no necesariamente miente en su reportería quien recoge lo que le beneficia y disimula lo que le perjudica.
Otra cosa es mentir descaradamente, como recoge esta muestra de ochenta titulares de medios públicos que no corresponden con el texto del artículo.
El no-problema del sesgo en los medios privados se resuelve fácilmente con la pluralidad de medios: lo que no desean publicar unos, lo harán otros. Así sucedía en casos mencionados en el párrafo anterior; las diferencias de intereses regionales garantizaba que un lector que se tomara la molestia de leer varios diarios o ver varios noticieros tuviera acceso a distintos puntos de vista.
Casado por supuesto no menciona al “gorila de 800 libras en la habitación”: lo que nadie se atreve a publicar en medios tradicionales, por miedo a represalias del gobierno. Unas cuantas ya mencionamos. De ahí la migración de buena parte del periodismo de investigación al internet, y así como los periodistas cuidan a sus fuentes manteniéndolas en reserva, por la misma razón los periodistas que migran a plataformas digitales mantienen en reserva sus financistas, para evitar represalias del poder.
Eso jamás se le pasa por la mente a Casado, por supuesto.
Otra cita textual mostrará cómo los estatistas emplean una dialéctica peculiar. Si hemos sostenido que no es legítimo que el gobierno use recursos de todos para defender intereses de unos cuantos —los que defienden al gobierno— y que los medios alternativos privados intentan mantener en reserva no sólo sus fuentes periodísticas, sino también sus fuentes de financiamiento, para evitar represalias del gobierno, un estatista razona así:
Robinson Robles, estima que la legitimidad de estos medios [públicos] viene precisamente de su financiamiento por parte del Estado, a diferencia de los medios privados cuyos financistas muchas veces son desconocidos y ocultados, lo que coloca a la información en una posición de mayor fragilidad.
¿¡Qué!? ¡Si que sean financiados por todos, para beneficio de pocos es precisamente la mayor objeción que se les hace! ¿Y Robles cree que eso les da “más legitimidad” sólo porque “se conoce su fuente de financiamiento”? ¿Y que la información es más frágil si viene de medios privados, sólo porque no siempre se conoce quién los financia? ¿Acaso el gobierno no tiene intereses? ¿Acaso los funcionarios siempre dicen la verdad? ¿Acaso los periodistas de medios públicos están libres de sesgo y de spin? Claro que no.
los que trabajamos en medios públicos sabemos que éste representa al Estado quien lo financia, el medio público tiene esa legitimidad. Un medio privado representa a quien sabe quién, financiado por quién sabe y con unas líneas editoriales de quien sabe quién. Ahí es cuando existe una mayor fragilidad de la información, la posibilidad de que se manipule, allí irónicamente en los medios llamados libres e independientes. Mira tú la gran contradicción, los que más ocultan a sus financistas, sus orígenes, sus agendas políticas, son los que manipulan la información.
Falacia tu quoque de manual: devolver la acusación. Ya se ha mencionado que los estatistas identifican estado-gobierno-partido, cuando en teoría el estado incluye también a los ciudadanos opositores, y el gobierno también debería servirles a ellos, no sólo a los favorables al partido. Y esa visión “angelical, pura e ideal” del estado-gobierno-partido tal vez convenza a los lectores decimonónicos de Hegel, pero es totalmente anacrónica en pleno siglo XXI. Después de todo lo que hemos visto hacer a los estados… La cosa es que los medios públicos, precisamente por públicos, han de estar sujetos a un escrutinio más severo.
Continúa Casado:
A diferencia de sus colegas de medios privados, quienes defienden su posicionamiento político como legítimo, Robinson Robles reflexiona sobre la necesidad de que “los medios públicos dejen de ser tan gobiernistas para ser más ciudadanos, hay que soñarlo, aunque posiblemente sea una utopía”.
Los estatistas ignoran algo llamado asimetría. Acusan de hipócritas a los medios privados: “ustedes sí se permiten participar en política, mientras que a los medios públicos pretenden negarles tomar partido a favor del gobierno”. Bueno, mientras los medios públicos se financien vía impuestos —no “voluntarios”— y su financista tenga esa herramienta llamada monopolio de violencia, pues estamos en presencia de una asimetría monstruosa.
Así como los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio de la sociedad y tienen muchos de sus derechos limitados en lo que atañe al ejercicio de sus funciones (véase por ejemplo los límites a tanto defender penalmente la honra como a su derecho a la privacidad) los medios públicos han de estar sujetos a limitaciones más estrictas: ya que todos los financiamos, han de servir los intereses de todos. Aquellos ciudadanos militantes del oficialismo siempre pueden usar su capital para fundar los medios privados oficialistas que crean convenientes.
Si partimos de esa concepción: de que los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de interpelar al poder, que se supone es servidor, no amo; y de que lo pueden hacer individualmente o asociándose, los medios privados serían asociaciones de ciudadanos que interpelan y fiscalizan al poder.
El gobierno debería entonces ver a los medios privados como mandantes que exigen rendición de cuentas, amparados en la constitución; no como adversarios o enemigos. Sería terrorífico que el gobierno considere enemigos a grupos de ciudadanos que no han cometido ningún delito y que simplemente usan las facultades que les garantiza la constitución, ¿verdad? Lamentablemente eso sucede.
Dice Casado:
Para Ricaurte, quien es un gran defensor de los medios privados, estos son agredidos por el gobierno, lo que pareciera haberlos obligado a reaccionar. Sin embargo, la versión desde el gobierno es justamente la contraria, y estudios hemerográficos le dan la razón.
Muy sutilmente, casi sin darnos cuenta, como de pasada, encontramos aquí la justificación de un estado que considera como agresores y enemigos a grupos de mandantes. Ricaurte afirma que los medios privados son agredidos por el gobierno; Casado afirma que es lo contario, que el pobre gobierno es agredido por los medios.
De ahí que Casado justifique la reacción gubernamental con la asimetría que le es propia: el estado se “defenderá de las agresiones” empleando herramientas de las que no disponen sus “agresores”: 1) impuestos cobrados a todos, incluso a los “agresores”; 2) legiones de complacientes burócratas (incluyendo intelectuales orgánicos como Casado, dispuestos a intentar justificar con falacias cualquier acción estatal); 3) el monopolio de violencia, que le permite aprobar leyes que cumplan su deseo de sancionar a los medios privados (Ley de Comunicación) y nombrar los jueces que han de hacerlo (Carlos Ochoa, nombrado de una terna enviada por el propio presidente).
Hay que decirlo una vez más: el gobierno en una república se supone que es servidor y mandatario, de los ciudadanos; los ciudadanos son los amos, los mandantes. El gobierno no ha de comportarse como amo. El gobierno no ha de pretender “castigar” ni “reaccionar” ni “defenderse” de los ciudadanos que lo interpelan y fiscalizan y exigen cuentas; eso no son agresiones, sino derechos de los ciudadanos, quienes lo pueden ejercer individual o colectivamente.
Si ciudadanos individualmente o en grupo cometen delitos, pues se espera del gobierno que sean sancionados. Pero interpelar/fiscalizar/exigir cuentas del gobierno son derechos ciudadanos, no delitos; por lo tanto el ejercicio de esos derechos debe ser protegido, y el gobierno no debe defenderse del ejercicio de derechos de sus mandantes, más bien debe protegerlos, aun cuando no le convengan a sus intereses. (recordémoslo una vez más: los gobiernos también los tienen, y el primero de ellos es conservar y aumentar su poder; lógicamente ese interés no siempre coincide con el interés ciudadano)
Casado se pregunta: «¿Defienden entonces todos los periodistas a capa y espada la necesidad de tener una pluralidad de voces en su medio privado de comunicación? Probablemente no a la luz de la realidad». Bueno, pero es como pedirle a un abogado que defiende a su cliente: “¿Acaso se ha tomado la molestia de presentar la versión de la contraparte? ¿No le da vergüenza ser tan parcial?“. Cualquier abogado le responderá: “No sea ridículo, ése es trabajo de la contraparte, pues”.
¿Acaso se le pide a un anunciante “Ud. no presenta en su anuncio los beneficios del producto de la competencia. Su anuncio no es contextualizado ni imparcial”? ¿No es eso ridículo? Pues la pluralidad de voces no es algo que se le pueda exigir a un medio; es como pretender obligar a alguien a expresar una idea que no le nace; eso no es libertad de expresión, por donde se lo vea. La pluralidad de voces ha de venir, no de un solo medio, sino de la pluralidad de medios existentes.
Por eso afirmo que si los gobiernistas desean expresar su ángulo de las noticias, deberían fundar su medio gobiernista con su propio capital. Pero claro, nadie quiere arriesgar su dinero en un negocio con tan pocas garantías de éxito; más fácil es usar el monopolio de violencia y el dinero de los impuestos en medios con exigua audiencia. Pero es una malversación de fondos.
Continúa Casado su cruzada contra la mala prensa:
Otra de las técnicas de la prensa partidista es la sobreexposición negativa de personajes estereotipados como “malos” y el solapamiento de los “buenos”, una práctica naturalizada en muchas salas de redacción. En el caso concreto de Ecuador, personajes como Correa y su gobierno son los malos de la película y actores como Mauricio Rodas y Jaime Nebot serían los buenos.
Cabe preguntarse si lo “malo” de un político dependerá sólo “del cristal con que se vea”, y no de los actos del funcionario. Las críticas contra el gobierno en funciones han sido diarias, y en ocasiones sobre cuestiones muy severas.
Además, respecto a funcionarios municipales, que es cierto en ocasiones reciben tratamiento favorable de los medios, cabe recordar de nuevo la asimetría. Los municipios tienen un poder muy pequeño comparado con el del estado central. Los policías municipales no andan armados (menos mal), en comparación con las invencibles FF.AA. y policía; el concejo municipal no puede expedir ordenanzas en contra de la constelación de leyes ordinarias que crea el gobierno central; los presupuestos son mucho más reducidos, no pueden contar con legiones de burócratas serviles, etc. Además que difícilmente un municipio se propone metas “románticas” como “refundar el país”, “instaurar el socialismo”, “el buen vivir”, etc.; los ciudadanos esperan de ellos servicios públicos que funcionen, y poco más; en el municipio más fácilmente ve uno un servidor, empezando porque el alcalde probablemente vive cerca de los vecinos.
En cambio los ciudadanos poco enterados miran al estado central con una mezcla de admiración y temor reverencial. Es más fácil que lo vean como autoridad, como amo, que como servidor; y los funcionarios adoptan ese papel con gusto. De ahí que tengan expectativas más elevadas de lo que “debería” hacer el gobierno central. Ese papel sobredimensionado, más el verdadero monopolio de violencia —y hordas de burócratas, legiones de soldados armados, un presupuesto incomparablemente más grande que el de cualquier individuo o empresa o municipio, el poder de aprobar leyes— hace que el abuso pueda ser proporcionalmente mayor; de ahí que de ordinario se les critique más.
«¿El bueno es bueno, o es lo que consideramos bueno?», se pregunta Casado. Hablando de funcionarios que tienen en sus manos el monopolio de violencia, mejor pecar de excesivamente escrupulosos, a ser complacientes con el poder. No todos los ciudadanos estarán de acuerdo siempre con qué político es “bueno” o “malo”; de ahí la importancia del libre flujo e intercambio de ideas y jamás permitir que funcionarios ataquen la libertad de expresión, sea limitándola, sea imponiendo la expresión de ideas con violencia, que es lo que hacen ahora los gobiernos autoritarios y Casado defiende.
Dice Casado:
periodistas de medios públicos como Alex Mora, de la televisora pública Ecuador TV, admite sin tapujos que “un medio público tiene que acompañar un proceso político”.
Como mencionábamos antes, para los estatistas/izquierdistas todo es lo mismo: partido, gobierno, estado. Si llegan al poder, automáticamente el gobierno es de izquierda; la noción de respetar las opciones ajenas no existe. Quien no haya votado por ellos ni los apoye o peor aún (¡horror!) se les oponga activamente, automáticamente se excluye del estado; se convierte en algo así como en un paria, un “cáncer” en el cuerpo social, cuando no en un elemento subversivo.
No, señor Mora. Si es financiado con los impuestos (no “voluntarios”) que pagan todos, un medio público debería servir a todos los ciudadanos, incluso si se oponen activamente al gobierno en funciones.
[Mora] Propone finalmente una ley que otorgue a dichos medios una independencia económica y los distancie del gobierno.
Ah, los estatistas/izquierdistas y su fascinación con el monopolio de violencia. Lawrence Reed lo llama “El síndrome de aprobar leyes”.
Le tengo una noticia bomba al Sr. Mora: ¡no es necesaria ninguna ley!; Ud. y sus extremadamente prósperos amigos del gobierno pueden reunir sus capitales y fundar un medio privado de línea oficialista hoy mismo.
Por supuesto que no lo harán. Todo socialista es amigo de redistribuir lo ajeno, no lo propio. Nadie tan avaricioso como un socialista; jamás gastará su dinero en causas nobles.
Una mención aparte merece la aparente incapacidad de Casado de detectar la ironía. Un ejemplo es el artículo “Quito sobre Ruedas con Rodas” y otro es una caricatura de Bonil, “¡La obra continúa!”, donde al parecer no notaron que los pies de Nebot no tocan el piso.
Ironía que no escapó a otro autor justificador de autoritarismos.
Hablando de los innegables problemas del periodismo, Casado luego de reconocer que los valores del periodismo son «quimeras inalcanzables», afirma que:
La falta de pluralidad que impera en los medios de comunicación privados … tiene relación directa con la ideología liberal y capitalista que profesan. El predominio de esta ideología se debe a que los medios de comunicación son empresas capitalistas cuyo fin último es el lucro a través de la venta de un intangible llamado información y espacios de publicidad a otras empresas que también comparten esta misma ideología. En consecuencia, los opinadores y articulistas deben ser seguidores obligatoriamente de esta ideología.
¡Wow! ¡Non sequitur! Hablar de que «los opinadores y articulistas deben ser seguidores obligatoriamente de esta ideología [capitalista liberal]» es falso. La línea progre predomina en los artículos de opinión; muchos articulistas de izquierda critican implacablemente al gobierno. Qué, ¿acaso un gobierno que se dice de izquierda es automáticamente inmune o invisible a las críticas de la propia izquierda?
Casado a continuación cita una estadística donde parece suponer que “si criticas a un gobierno que se dice de izquierda, es porque eres un neoliberal capitalista liberal”. ¿Casado siquiera toma en cuenta la posibilidad de que haya cosas criticables del gobierno? Tantas que incluso muchos movimientos y territorios tradicionalmente afines a la izquierda prefirieron votar en las últimas elecciones por la derecha, antes que por el gobierno actual. Por autoritario. Tan mal lo ven algunos; tan poco fiel a lo que consideran principios de la izquierda. Pero para Casado, hacer eso es ser “capitalista que prefiere el lucro al ser humano”. ¡Eso es una falacia ridícula!
Así como tomar en cuenta varias fuentes es deseable para que un lector se forme y exprese una opinión de mejor calidad, pero nadie justificaría obligar a ese lector bajo amenazas a hacerlo, que los medios usen varias fuentes es aconsejable y deseable, pero pretender usar la violencia estatal para obligarlos a hacerlo es inaceptable.
Las empresas son asociaciones de personas. Esas personas tienen libertad de expresión; ¿acaso la pierden al asociarse? Todos nos escandalizamos cuando Galileo fue obligado bajo amenazas a expresar una idea con la que no estaba de acuerdo ni quería expresar (y que era falsa). Sin embargo Casado y otros están más que dispuestos a usar la ley y jueces para obligar a los medios a expresar ideas que el gobierno considere “plurales y contextualizadas”. ¡Los ciudadanos no pierden su derecho de libertad de expresión —que incluye el derecho a no expresar ideas, si no quieren— por asociarse!
—Opino que el gobierno hizo mal en el asunto “A”— dice un ciudadano.
—¿Has pensado que el gobierno acertó en el asunto “B”? —replica Casado, y continúa: —De hecho, voy a ir donde el comisario para obligarte a decirlo.— Bastante facho, ¿verdad?
—El gobierno hizo “A”, que podría traer problemas— publica una asociación ciudadana, una empresa periodística. —Pero hemos hecho “B”, que es bueno— replica el gobierno, y sigue: —Tendrás que publicar que hemos hecho “B”. Además me tienes que dar un porcentaje de tus ingresos porque me has hecho “linchamiento mediático”. No sólo eso: pondré juicio penal al periodista y los directores, y les pediré una indemnización equivalente al valor de toda la empresa.—
Suena ridículo y exagerado, ¿verdad? Pues todo eso ha hecho el gobierno ecuatoriano. No solo obliga a publicar réplicas, sino que impone la publicación de contenidos.
¿De dónde tanto afán por obligar a un medio que diga lo que no quiere? Recordemos al tribunal de la inquisición obligando a Galileo a afirmar, bajo amenazas de tortura y muerte, que el sol gira alrededor de la tierra. ¡Absurdo! Pero tal es la demanda de los izquierdistas hoy en día.
Recordemos el martirio de cristianos, en la Roma antigua, o de cristianos japoneses y misioneros jesuitas en el Japón feudal. Como narran las Actas de los Santos y la reciente película Silence de Scorsese, los burócratas gubernamentales encargados de aplicar las sanciones de tortura y muerte a los cristianos se esforzaban en lograr un testimonio de apostasía aunque fuera falso.
“Tan sólo pon tu pie sobre esa imagen de la virgen María. No importa si no lo crees en tu interior; no importa si es un gesto vacío. Pon el pie y serás libre”. “Pon estos granos de incienso en el altar del César. No importa si no crees. No importa si por dentro estás adorando a tu dios. Tan sólo pon estos granos de incienso y salva tu vida”. “Di las palabras de apostasía frente a mí y estos testigos. No importa si tu expresión es sincera o no. Si no lo haces, serás torturado y ejecutado”.
Por supuesto, algunos lo hacían y salvaban la vida; otros fueron torturados y ejecutados, como ordenaba la ley de Comunicación de entonces.
Las leyes de ese entonces, como la ley de comunicación de hoy, no se interesan por “la salud espiritual del pueblo”, hoy denominada “derecho a estar bien informado”; su objeto propio es la sumisión al poder en funciones.
Al poder no le interesa si los periodistas obligados a rectificar creen o no en “la rectificación”; al poder no le interesa convencer a los periodistas y medios a quienes obliga a publicar noticias o ángulos de su interés, de hecho no le importa si los periodistas del medio obligado las creen o no; le interesa dos cosas: 1) asegurarse la sumisión, y 2) lograr la difusión de las ideas favorables a la permanencia del poder actual. Así fue en el siglo I de la era cristiana; así era en el Japón del siglo XVII; así es en el Ecuador del siglo XXI.
Como vemos, el estado es adepto a emplear tecnología de hace milenios: la fuerza bruta y la violencia para lograr la sumisión de los rebeldes.
Independientemente de si se es creyente o no, obligar a alguien con amenazas de violencia a expresar una idea en la que no cree, es una monstruosidad. ¡La propia ley, en Roma, en Japón feudal y en Ecuador, contempla la posibilidad de la expresión hipócrita!
Una ley que desea ciudadanos hipócritas, ¿es una buena ley? ¿Logrará un beneficio social? Claro que no, una ley que admite la mentira, y hasta la promueve, hace tanto bien como una ley que obligara a los ciudadanos a matar o robar. De hecho eso hace el Código Tributario. Pero eso al gobierno no le importa; el prime directive de todo funcionario y burócrata, desde el propio César hasta el último portero, es el siguiente: mantenerme en el cargo y acrecentar mi poder.
(Por cierto, leyes que obligan a ciertos ciudadanos a robar la propiedad de otros, no serán buenas leyes, ni producirán una buena sociedad. Dice mucho que los impuestos y las aduanas sean parte esencial de los estados modernos!)
Un funcionario del gobierno lo expresa sin tapujos:
No nos vamos a doblegar ante los medios de comunicación, si es que los medios de comunicación tienen que llenar sus periódicos de rectificación, y si es que las rectificaciones superan a las noticias, pues bienvenida la Ley Orgánica de Comunicación, al fin los ciudadanos, estoy hablando de los ciudadanos y también como autoridad, tenemos derecho a la réplica, tenemos el derecho a informar adecuadamente a la ciudadanía.
Y eso lo dijo en una audiencia ante el delegado del presidente que debe sancionar a los medios. En el “pensamiento” del gobierno, la réplica no es tal: está destinada a suplantar la voz del otro. Llegando incluso hasta obligarles a publicar mentiras, u otras noticias favorables al régimen cuando no tienen cómo negar la realidad.
Xavier Zavala Egas, en Medios públicos y privados reconoce los problemas de los medios públicos que hemos citado; y aborda la cuestión de la raison d’être de estos medios bastante razonablemente. Incluso se atreve a decir: «la opinión de los empresarios mediáticos sobre lo bueno o malo de un candidato o proyecto político, en relación al país, significa libertad de expresión», lo cual es bastante avant-garde dentro de las filas del oficialismo, pues reconoce a los medios —que, como venimos insistiendo, no son más que asociaciones de ciudadanos— el derecho ciudadano de tomar postura.
No hay por qué ver a las asociaciones ciudadanas con fin de lucro —las empresas— como algo malo. No todos los ciudadanos son tan prósperos como para darse el lujo de poner una fundación que consuma un capital; a la mayor parte de los ciudadanos ese capital les ha costado ahorrarlo, no heredarlo (o peor aún, robarlo, como es tan común en los nuevos ricos funcionarios públicos), por lo que conservarlo es una idea muy razonable. Además, el hecho que haya una rentabilidad implica que hay clientes que desean y buscan ese servicio periodístico; es lo que no entenderá jamás la izquierda, que ven sólo el “egoísta afán de lucro”, pero son ciegos a la existencia de clientes —lectores, suscriptores, anunciantes— satisfechos; ¿o en el fondo envidian esa demanda que jamás tendrán?
Lamentablemente en el último párrafo sucumbe a la tentación autoritaria de toda la izquierda: «Sin embargo, no cabe invocar tal principio [de la libertad de expresión] cuando nos referimos a la ausencia de verificación, contrastación o contextualización en el hecho difundido como noticia». De nuevo el bait and switch, el red herring totalitario: “como tu profesión es tan sublime, importante y necesaria, vas a tener menos derechos. Sólo puedes expresarte si es de manera verificada, contrastada y contextualizada; de lo contrario, más vale que te calles. Por supuesto, yo, gobierno decidiré cuándo una expresión ha sido verificada y contrastada. Medita bien en lo que vas a decir; sería una lástima que enfrentaras sanciones por excederte en tu limitada libertad de expresión…”.
Eso es por supuesto inaceptable. Cuando el discurso gubernamental se asemeja al del mafioso cliché de las películas, mal andamos. No hay “ciudadanos de segunda clase” con menos libertad de expresión. En el antiguo sistema de castas, quienes hacían los trabajos más duros eran los parias, considerados “de segunda”. En nuestras republiquetas bananeras, quienes hacen un trabajo supuestamente tenido como “sublime, necesario e importante” como informar, ¡también son considerados “de segunda”, con menos derechos! ¡No hay espacio para castas en una república! Igualdad ante la ley, ¿recuerdan?
Otro articulista, Roberto Follari no anda con medias tintas y deja clara su posición en Los medios son todos públicos. «Los medios de comunicación de propiedad privada cumplen función pública». De nuevo la treta. No nos dejemos engañar: toda actividad social cumple una “función pública”. Quien vende hortalizas o carne en los mercados debe cumplir ciertos estándares de calidad. ¿Pero saben qué? También se vende hortalizas y pollos y pescado en la vía pública, sin control alguno. Cualquier comprador medianamente competente sabe escoger productos de calidad, o si consiente en llevar mercadería de menor calidad, pedirá una rebaja. Si el pescado o los aguacates están podridos, eso se nota; nadie los comprará.
Utilizan frecuencias otorgadas por el estado, sirven a cubrir la necesidad de información de la población, gozan de la permisión social para ser difundidos.
Este es el bait.
Quienes venden en los mercados municipales cubren la importantísima necesidad de alimentación de la población; y también lo hacen bien quienes venden en la calle, sin regulación alguna. Intenta vender mercadería dañada; nadie te comprará. Regulación o no, siempre habrá quienes la evadan, de ambos lados: oferta y demanda. Regula demasiado en los mercados: la gente comenzará a comprar y vender en las calles. Regula demasiado a los medios; aumentarán los chismes vía Whatsapp, que no pueden regularse. Resultado: peor calidad de la información.
Que su propiedad sea privada, no significa que un medio de comunicación sea como una casa de fin de semana o una hacienda, con la cual los dueños pueden hacer lo que les plazca.
Aquí se viene el switch:
A diferencia de estos casos, la función de los medios privados debe someterse al escrutinio público.
No, aún no llega el switch. ¿No está la función de los vendedores de pollo y legumbres sometida al escrutinio público? Si alguien ofrece mercadería de baja calidad, no tendrá clientes sino a un precio ínfimo, acaso a pérdida, obligándolo a salir del mercado por mediocre. Si alguien vende mercadería mala con engaños, aún si no es denunciado, no volverá a venderla, perderá clientes.
Esto significa que algún control estatal debe existir acerca de en qué medida estos medios cumplen efectivamente función pública.
He ahí la conclusión a la que quiere llegar todo izquierdista-estatista: “la solución a todo problema es más estado. Incluso a los problemas causados por el estado”.
Follari trata de aclarar su posición, oscureciéndola:
no decimos [control] gubernamental, sino de instancias civiles que duren más allá de los gobiernos.
Estatal, pero no gubernamental. Clarísimo. ¿”Instancias civiles”? ¿Con monopolio de violencia? No serían ya civiles, sino estatales.
Lo primero a exigir es que se diferencie opinión de información.
Lamento que Follari tenga problemas en diferenciarlas. De ahí la sugerencia a los periodistas: que todo sea crónica. Jaque mate, estatistas.
Respecto a esta última [la información, vs. la opinión], no es admisible mentir ni difamar en nombre de un pretendido uso de la libertad de expresión.
Eso de que “no es admisible mentir” suena bonito, hasta que uno cae en cuenta que requiere un “ministerio de la verdad” como el ecuatoriano que decida qué es verdad y qué es mentira. Eso es el fin de una sociedad libre.
Respecto a la difamación, toda ley penal ya contenía castigos para la injuria, con la salvedad indicada para funcionarios públicos, a quienes no es delito injuriar, aunque les duela.
Ni tampoco abusar de la adjetivación para dejar mal parados a quienes no se quiera, o para bendecir a los propios.
No sólo huele a censura, sino también a la tolerancia represiva de la que hablaba Marcuse: “no puedes atacarme ni tampoco defenderte. Yo sí”.
Además, se debiera sostener el pluralismo informativo. El cual no es imprescindible que un medio lo tenga dentro de su propio formato: todos los medios tienen su propia tendencia, y hay derecho a tenerla.
¡Bravo, sr. Follari! ¡Plenamente de acuerdo! ¡Pongan atención, progres autoritarios que quieren imponer pluralismo!
Pero hay que declararla, en vez de fingir neutralidad.
Eh… OK. Insisto que el lector corriente, no sólo el enterado, es capaz de notar el sesgo o línea de un medio. Pero bueno.
Y hay que garantizar el equilibrio del conjunto del sistema de medios, para que este garantice igualdad de oportunidades para todas las opiniones político-ideológicas.
Voilà. El llamado a imponer la expresión de ideas, so capa de “igualdad”.
No sólo que eso de que la aplicación concreta de ese “hay que garantizar” activa alarmas —cuando eres el estado, tu única herramienta es un martillo (el monopolio de violencia), así que todo problema te parecerá un clavo— sino que también hay ideas que, si bien no hay que suprimir, tampoco hay que aupar tontamente. Básicamente los llamados a imponer ideas violentamente: el islamismo, el marxismo-leninismo vienen a la mente. “Conoce a tu enemigo”, sí; pero tampoco le garantices propaganda “equilibrada e igual” a su causa, que por cierto no es nada menos que la destrucción de la civilización occidental. ¡No hay que ser suicidas!
Tan “públicos” debieran ser los medios de propiedad privada, que en muchos países —es el caso de Argentina— están en gran medida financiados por el Estado. La llamada “pauta pública” que deben darle los gobiernos, hace que a veces grandes medios privados reciban más dinero del Estado que los medios estatales. Esto es ignorado por la mayoría de la población, donde hay quien se queja de que —cuando los gobiernos son populares— los medios estatales se vuelven gubernamentales. Eso es cierto: pero ellos no saben que todos los ciudadanos financiamos también a los medios privados, los cuales hay casos en que ni siquiera se cuidan de parecer imparciales.
Por lo visto Follari desconoce el caso de Ecuador, donde el presidente prohibió a instituciones públicas pautar publicidad en medios críticos. Por otra parte, tiene sentido para un anunciante pautar en los medios que tienen más audiencia, ¿no?, que son siempre los privados.
Idealmente, los medios estatales no deberían gubernamentalizarse. Pero ello se hace inviable con gobiernos populares, pues los medios de propiedad privada se vuelven masivamente en contra de tales gobiernos.
Por algo será, ¿no creen? ¿A qué se deberá el masivo giro de la posición de esos mismos medios que apoyaron abrumadoramente la candidatura de Correa? A que apenas asumidas sus funciones el gobierno empezó su carrera por dominar absolutamente el poder, arrollando a su paso instituciones, costumbres, constitución y leyes.
Todo eso está magistralmente narrado en el libro de Osvaldo Hurtado, Dictaduras del Siglo XXI. El caso ecuatoriano
Siendo estos medios privados los dueños de casi toda la audiencia, una mínima defensa de parte de gobiernos que han sido votados mayoritariamente, es apelar a tener una voz dominante en los medios de propiedad estatal.
No, señor. Lo obligan a uno a ser repetitivo y cansón, pero un gobierno no tiene por qué “defenderse” de los ciudadanos a los que supone debe servir. Insistimos: un medio público debería cubrir las voces de todos, si todos lo sostienen con sus impuestos; si los oficialistas quieren un medio que “defienda” abiertamente al gobierno, que lo financien ellos de su bolsillo. No debería serles difícil dominar las audiencias: ¿acaso no ganan ellos las elecciones abrumadoramente? ¿Qué les impide traducir el favor popular en audiencia?
Está claro que un gobierno elegido por el pueblo tiene derecho, en esta época de medios sobredimensionados e hiperinformación permanente, a defenderse de la andanada privatista, por vía de los medios estatales.
He ahí una concepción excluyente y de dominación del poder: ha de servir a quienes lo votaron y lo apoyan. De los demás, ha de defenderse; pero igual han de sostenerlo vía impuestos, ¡por supuesto!
Obviamente esa concepción no compagina con la igualdad ante la ley y la ingenua concepción del poder político como servicio a todos.
Cuando se consiga que los medios de propiedad privada se asuman como servicio público …, entonces sí tendrá sentido reclamar … a nuestros medios estatales comportarse como suele hacerlo la BBC.
¿Nota la trampa? “Cuando los medios privados estén totalmente sujetos al control estatal —es decir, cuando el gobierno domine el discurso— recién allí tendrá sentido reclamar pluralidad en los medios públicos”. Sí, seguro que sí. Dominarán el discurso presentado a la mayor parte de la audiencia, y como premio consuelo, nos darán “pluralidad” en medios que nadie lee. ¡Gracias!
Hernán Reyes Aguinaga, que fue Vocal del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación —es decir, el cabecilla del Ministerio de la Verdad creado por la ley de comunicación— y es frecuentemente citado por Casado, dice en una entrevista concedida al diario público El Telégrafo:
Persiste una falsa discusión sobre si la ley de comunicación o la actuación del gobierno limitan o anulan la libertad de expresión. A través de ese enunciado lo que se hace es evitar topar el tema de fondo: qué es lo que debería hacer el periodismo, cuál es su misión.
Lo que el periodismo debería hacer… Vámonos preparando para la falacia del Supermán inverso.
Me parece que este juego de oposición maniquea puede resultar una especie de calmante, justificativo o pretexto para que el periodismo no haga lo que debe hacer.
Cuando un burócrata autoritario habla de lo que otros “deben hacer”, puede uno estar seguro de que se viene el martillazo.
La función del periodismo informativo, básicamente, es tratar de buscar una verdad profunda, que competa a la mayor cantidad de gente posible y la función del periodismo de opinión es provocar el debate y la deliberación pública. Pero vemos que nos hemos concentrado, en estos últimos años, en una suerte de pugilato respecto a temas muchas veces intrascendentes, anecdóticos, en los que existe un periodismo sin información o una opinión que no aporta para nada a la deliberación, sino que se vuelve una especie de espejo del narcisismo del editorialista o un disparar ideas para defender intereses particulares.
Seguro han oído la frase: “cuando escucho la palabra cultura, desenfundo mi revólver”. Pues cuando escucho de un burócrata palabras como “verdad”, “debería” etc., pues mentiría si me atrevería a desenfundar un revólver contra el monopolio de violencia: en realidad me apetece salir corriendo: se viene la justificación de la represión, y no habrá razón en contra que valga. Me recuerda la fábula del cordero y el lobo:
Cuenta Esopo que un lobo, hallando un cordero descarriado, resolvió no atacarlo simplemente, sino encontrar algún motivo para justificar su derecho a comérselo.
Le dijo: «Señor, el año pasado usted me insultó groseramente». «De hecho», baló el cordero con tono lastimero, «yo ni siquiera había nacido».
Luego dijo el lobo, «usted pasta en mi territorio». «No, buen señor», respondió el cordero, «aún no he probado la hierba».
Una vez más insistió el lobo: «Usted bebe de mi pozo». «No», exclamó el cordero, «jamás he bebido agua, pues la leche de mi madre es a la vez comida y bebida para mí».
Tras lo cual el lobo se le abalanzó y se lo comió, diciendo: «¡Bueno! No permaneceré hambriento, a pesar de que refutas cada una de mis acusaciones».
El tirano siempre encontrará un pretexto para su tiranía.
La ley de comunicación afirma que «la omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público, constituye un acto de censura previa».
La pregunta lógica: ¿y qué son temas de interés público?, la contesta la propia ley: «Es la información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de interés general».
Si Ud. se encuentra frunciendo el ceño, no se preocupe. A primera vista la definición es circular y pésimamente redactada.
Reyes, tratando de entenderla, se lanza esta perla cantinflesca de afirmar algo y su negación inmediatamente. Fíjese en el bait and switch:
Cuando me han preguntado qué es aquello de la relevancia pública o de interés público, me he remitido a los medios de comunicación y he dicho que es lo que se está discutiendo en sus salas de redacción día a día.
Reyes se apega a la ley: temas de interés público son los que aparecen en la agenda de los medios.
Es decir, hay un saber, una experticia en los medios, efectivamente, para detectar, identificar aquello que es noticiable [bait]. Sin embargo, esta distorsión que se ha dado en el oficio ha hecho que el periodista prefiera lo rentable, mercantil a lo importante y necesario, optando por lo espectacular antes que por lo imprescindible. Esto hace que esa discusión que debería darse [switch] en las salas de redacción vaya empobreciéndose y es un problema social el encontrar temas que no abordan lo que es de interés de la ciudadanía al abrir un periódico o al sintonizar una radio con temas absolutamente secundarios. No hay una escala objetiva en cuanto a la relevancia general de los temas. [bait]
¿Entonces? Lo relevante es lo que se trata en las salas de redacción, salvo cuando no le gusta al Ministerio de la Verdad? “No hay una escala objetiva”, pero sí han de aplicarse sanciones reales en un tema subjetivo y opinable? [switch]
De ahí que, dentro del gobierno, hay un método en la mediocridad: al definir algo sin definirlo, será todo lo que el poder quiera que sea. O que no sea. Cualquier suceso puede ser, o no, de interés público o general; es un comodín del poder para sancionar. Que medios nacionales reporten, o no lo hagan, sobre qué sucede en Alausí puede ser, o no, censura previa: el gobierno lo decidirá según su conveniencia.
Por supuesto que eso representa inexistencia de estado de derecho y reserva de la ley. Por eso no tenemos república.
En fin: al gobierno y sus intelectuales orgánicos no les incomoda demasiado contradecirse, con tal de dejar en claro quién tiene la autoridad. Recordemos que no se trata de convencer, sino de lograr sumisión.
Por cierto: voy a añadir a la lista de palabras trigger “debe, debería”, usada profusamente por Reyes para justificar la represión y control estatal a un derecho humano como es expresar y comunicar ideas; derecho de todos, sea uno periodista o no.
la temática política está presente al costo de una enorme banalización; en la que, a veces, episodios y anécdotas absolutamente intrascendentes se vuelven el tema de discusión del día, como que diarios de gran prestigio nacional publiquen en su sección política la entrega de un atado de yucas en el Palacio de Carondelet por parte de 3 desconocidos y que —después de eso que volvieron noticia— salga una andanada de editoriales que quieren moralizar, pontificar, enfatizar el posicionamiento y la adhesión que quieren de los lectores. Ahí hay una politización temática pero también una despolitización real en la deliberación o en la discusión con sustento y base. Por eso nos encontramos con una información tan apasionada, negativamente moral respecto a sus juicios de valor contra Rafael Correa o contra el gobierno.
Por supuesto que, pese a las definiciones dadas por la ley y Reyes, quien determina la intrascendencia de un tema no son los medios, no es la audiencia, sino el ministerio de la verdad. ¡Temas tan importantes como el prestigio del gobierno no pueden dejarse en manos de la ciudadanía ignorante! ¡Inconcebible, que haya opiniones “moralizantes”, que traten de convencer a los lectores! El monopolio de violencia no sólo es violento y monopólico: es enormemente condescendiente. Nos cree a todos ignorantes y manipulables.
Y no sólo eso: para el poder, también es inmoral criticar al presidente y al gobierno. Dios mío. Y después se quejan que les dicen fachos.
Continúa Reyes:
nos encontramos también con ciertos discursos provenientes del gobierno a la sociedad de corte publicista y propagandístico que no se compadecen con los temas más importantes. Por ejemplo, la propaganda ‘La Dictadura del Corazón’ (en realidad, ‘Si Esto Fuera una Dictadura’), esa vinculación entre términos incompatibles como dictadura y ternura, efectivamente contienen un retruécano, una contradicción del lenguaje que confunde antes que otra cosa. … Es un spot que está trabajando con una materia prima muy compleja como es la política … “Dictadura” no es una palabra que se pueda utilizar “a la buena de dios”.
Si bien —cosa rara— en ese caso criticaba el uso de términos por parte del gobierno, es un asunto opinable. Con la diferencia que él participaba en el ala “semiológica” del ministerio de la verdad; es decir, quien determinaba qué era verificado y qué no, qué era “linchamiento mediático” y qué no, etc. Él puede usar el monopolio de violencia para imponer sus opiniones. Pues eso son: él mismo admitió que no hay criterios objetivos para determinar qué es de interés público o no.
¿Cómo puede alguien defender imponer sus opiniones con violencia, dentro de una república democrática, en un tema que se admite es subjetivo? Paradojas del poder. Inútil que un cordero se ponga a discutir con un lobo que ha decidido devorarlo.
¿Se imaginan algo tan ridículo como Casado diciéndole a Rodolfo Walsh, mientras desenfundaba su calibre .22 para evitar ser capturado vivo: «Tsk, tsk. Eso te pasa por meterte en política, campo vedado a los periodistas».
Continúa Casado:
dada la falta de pluralidad de La Hora, se le podría considerar un espacio de adoctrinamiento más que un diario, ya que en los temas relacionados con la política imperan de manera casi exclusiva puntos de vista y corrientes contrarias al gobierno de la Revolución Ciudadana.
Non sequitur. Si no hay pluralidad, ¿se va todo a la basura? ¿No hay criterio de verdad o veracidad que valga? ¿La pluralidad es el altar donde se sacrifica al “mal periodismo”?
Red herring. No importa si dices la verdad o no; si no eres plural, no vales. ¿Debe pedírsele al abogado que defiende a su cliente que sea “plural”? ¿Debe exigírsele a la madre que aboga ante el juez por su hijo, que “sea plural e incluya en su alegato el punto de vista del acusador”?
Me lo imagino a Casado susurrándole al oído al Walsh agonizante, mientras era llevado por sus secuestradores a su destino hasta hoy desconocido: “Si no hubieras colaborado en un ‘espacio de adoctrinamiento’, si hubieras sido plural, no estuvieras metido en este problema”.
No, señor. Gobiernos autoritarios de derecha o de pretendida “izquierda” reprimirán el discurso crítico, pluralidad o no.
Refiriéndose a El Comercio, dice Casado: «existe claramente una tendencia liberal en lo económico y a la derecha en lo político». Ni tanto, pero aún si así fuera, no es justificativo para que un gobierno sea de izquierda militante. Su desafío es servir a todos sus ciudadanos, incluso a los de tendencia distinta y que no lo apoyaron; no adoctrinar ni difundir sus ideas “para equilibrar”; ésa es tarea de los partidos. Pero para AP todo es lo mismo: movimiento, gobierno, estado.
p. 88
Casado se admira: “algunas de las columnas hicieron claramente proselitismo a favor de la oposición política”. Estamos hablando de columnas de opinión, por cierto. Que un ciudadano opine comunicando sus preferencias políticas y tratando de convencer a otros, le parece algo gravísimo a Casado.
Cabe preguntarse, ¿el escritor de un libro, como Casado, también debe “abstenerse de hacer proselitismo político? Claro que no, suena absurdo. Que eso afecte a la calidad del libro; que resulte panfletario, es otra cosa; pero de ahí a pretender imponerle prohibiciones a un autor, es ridículo.
Casado rasga sus vestiduras: “en ocasiones, los epítetos hacia Correa estuvieron claramente fuera de lugar”. ¿Sabe Casado que está expresando una opinión? ¿Acaso pretende Casado que sus opiniones se impongan a las ajenas? ¿Casado sí puede opinar en su libro, pero un articulista de _opinión no puede hacerlo?_ Todo eso es claramente absurdo, sin embargo ¡Casado ha escrito todo un libro basado en esa premisa!
Casado se pregunta retóricamente: «Los periodistas han interiorizado que son plurales, no puede ser de otro modo, pues si no, ¿sería periodismo o propaganda su trabajo? Pero la realidad dista enormemente de la teoría».
Aparte de que Casado no distingue entre noticias y columnas de opinión, pretendiendo que ambas deban estar sujetas a similares criterios, nuevamente la falacia del “hombre de acero”: la pluralidad no es siquiera una meta deseable, como tampoco lo era el “no meterse en política”. El libro de Casado, ¿es plural? Probablemente no. ¿Importa? Pues no mucho. Es imposible ser totalmente plural. Si el mapa recoge todo el territorio, ya deja de ser mapa, deja de ser útil, no olvidemos.
En toda ocasión que uno se sienta frente al teclado, elige un tema y abandona otros. Se elige un aspecto y se ignoran todos los demás; después de todo, un artículo no puede convertirse en una enciclopedia.
En vez del “fetiche” de la pluralidad, como el propio Casado la llama, debería uno aspirar a la honestidad intelectual, la que lamentablemente escasea en el libro de Casado. No tiene nada de malo “arrastrar sesgos ideológicos”, como despectivamente llama Casado a una realidad tan natural e inevitable; más bien, insisto, deberíamos preocuparnos —Casado incluido— de debatir honestamente, sin falacias, y rendir nuestra opinión cuando la evidencia en contrario se acumula abrumadoramente.
Pero Casado jamás lo hará. Toda refutación, toda prueba de abusos gubernamentales caerá en oídos sordos, pues un salario de cuatro mil dólares al mes como intelectual orgánico más su trabajo en medios públicos pueden más. “Es difícil lograr que un hombre entienda algo, cuando su salario depende de que no lo entienda” (Upton Sinclair). Pero eso no es ser honesto intelectualmente. Lo cual, como insistimos, es más importante que ser plural (que tampoco Casado lo es, pero eso no es tan importante, en serio).
Por cierto, eso de la “neutralidad ideológica” que Casado quiere para sus adversarios pero jamás demuestra en su propia obra (lo cual, insisto, no tiene nada de malo, fuera de ser hipocresía) es considerado un defecto en un individuo: “ni fu ni fa, ni chicha, ni limonada”. Los políticos “de centro” son frecuentemente criticados por devenir simples veletas ideológicas, sin sustento, sin raíces, sin compromiso. Esto que es un defecto individual, ¿se convertirá en una virtud en una asociación? Claro que no. Red herring, una vez más.
¡Por Dios! Tantas falacias.
Luego de dedicar varias páginas a criticar la “falta de pluralidad” de los medios privados y la hipocresía de pretender lo contrario, ¡Casado alaba “la manera sencilla y franca” en que Rabascall, desde los medios públicos, desmorona esa aspiración: «¿existe pluralidad? ¿En dónde? En la sociedad sí, en los medios dependiendo de los intereses del medio o de los cojones del periodista».
¿Entonces en qué quedamos: la pluralidad es importante cuando sirve para demostrar su ausencia en los medios privados —y lo hipócritas que son al tratar de demostrar que sí lo son— pero deja de serlo cuando un periodista de medios públicos reconoce, franca y cínicamente, que simplemente no existe en los medios? (Rabascall, fiel a su estilo ecuánime, no distingue entre públicos y privados) ¿”Tolerancia represiva” una vez más? ¿Ley del embudo: ancho para mis amigos, estrecho para mis oponentes?
Casado se lanza otro bait and switch antes de terminar el capítulo. «Rodrigo Gálvez, también periodista del medio público Ecuador TV, nos desmiente que exista pluralidad en los medios de comunicación y para ello nos da aplastantes argumentos, desde una perspectiva que hasta el momento no habíamos abordado».
¿Luego de dedicar todo un capítulo a denunciar la ¿falta de pluralidad de medios privados¿, resulta que no simplemente no existe, ni siquiera en los medios públicos?
Dice Gálvez:
Lamentablemente no, no hay una pluralidad porque como decimos acá, aquí toca trabajar a la línea que nos pongan, el medio privado defenderá lo que ellos creen que está bien […] si fuéramos totalmente plurales [en los medios públicos] caeríamos en el error de darle más espacio a esa gente que ya tiene todos los espacios copados de los medios privados y es una realidad que los medios privados son los que tienen mayor influencia en este país.
Casado no vuelve a mencionar la pluralidad dentro de un medio como algo valioso en el resto del capítulo. Ahora lo bueno de los medios públicos sería que cuentan con «un mayor nivel de transparencia». Bait and switch. Si tus partidarios hacen lo mismo que criticas de tus oponentes, pues entonces eso ya no es algo malo, sino digno de elogio, por ser “sincero, transparente”. Ay Dior!
Por otra parte, lo que sin tapujos afirma Gálvez es lo que venimos criticando. Si el gobierno está para servir a todos los ciudadanos, ¿qué hace el gobierno defendiéndose de algunos ciudadanos? ¿Qué hacen los medios públicos definiéndose como abiertamente oficialistas? Esa línea abiertamente partidista le correspondería a medios privados. Evitemos identificar partido-gobierno-estado.
Es un “error”, afirma Gálvez, dar cabida a posiciones críticas al estado en los medios públicos. Un error, si tenemos un estado militante en la causa de sólo algunos ciudadanos. Que es lo que no debería ser.
«Álex Llanos, nos da también un enfoque novedoso de por qué gracias a la creación y ampliación de los medios públicos se incrementó la pluralidad en Ecuador». En Ecuador. Ya la pluralidad no es una “meta ética” para cada medio, ni siquiera para los públicos, sino para todo el mercado. Switch.
Llanos menciona sueldos notablemete más altos en los medios públicos. Eso, que a primera vista parecería algo atractivo y “justo”, en realidad garantiza que los medios públicos atraerán a los peores periodistas. ¿Cómo? Empezando que esos periodistas prefieren más dinero a ser independientes del poder. Esto ya debería ser suficiente.
Además, que están más que dispuestos a que el monopolio de violencia les pague más que el promedio de ofertas voluntarias del mercado, con los impuestos. Esto es una inclinación al autoritarismo, a las “soluciones” impuestas ganar-perder, no negociadas ganar-ganar. Expliquemos esto mejor.
Un medio privado debe ser rentable, o ser subsidiado voluntariamente del bolsillo del dueño; de ahí que los sueldos oscilarán entre ciertos límites, según el tamaño de la audiencia, que determina las ventas de ejemplares o publicidad.
Los medios públicos son ajenos a esta dinámica; pueden darse el lujo de vivir año a año a pérdida, con audiencias minúsculas y pagando sueldos más altos que los privados, produciendo periodismo que no tiene demanda entre el público (por eso no son rentables).
Los ciudadanos oficialistas saben que un medio privado de línea apologista no tendría mucha audiencia. No están dispuestos a arriesgar su capital en defender al gobierno; en vez de eso, obligarán a la sociedad a sustentar, via impuestos, una empresa periodística que no existiría voluntariamente, ¡ni siquiera entre oficialistas! “¿Conque no lo quieres comprar? Pues lo has de costear de todas maneras”.
Un periodista que eso le atraiga —vivir de impuestos, con poca audiencia, y encima ganando bastante gracias a su dependencia del poder— no será modelo de virtudes ciudadanas ni periodísticas.
No quiere eso decir que las voces oficialistas están condenadas a desaparecer. Pero han de tener el tamaño natural según su audiencia: un blog (como éste), una revista en línea, un semanario, un canal de Youtube. Pretender lograr con el monopolio de violencia algo que sólo se logra generando confianza en la audiencia, es una tarea condenada al fracaso. ¿No que ganan todas las elecciones? Entonces, ¿por qué una audiencia tan pequeña? Allí hay una sospechosa incongruencia.
Termina Llanos: «sí hay pluralidad, antes no lo había porque no tenías los medios públicos». Que no había pluralidad en cada medio, ni en los públicos; páginas después, que sí la hay, en todo el sistema, y ya no es una consigna a defender… ¿Quién los entiende?
«Los puntos de vista de Alex Llanos y Robinson Robles nos resultan muy interesantes, pues antes de la creación de los medios públicos en el Ecuador y de medios regionales con perspectiva nuestroamericana el pensamiento único liberal era prácticamente absoluto», se congratula Casado. ¿En qué mundo vive? ¿Siquiera lee diarios? ¿Es ciego a la polémica perenne en la prensa saludable?
«Gracias a la creación de los medios públicos existe una mayor pluralidad y opciones editoriales para lectores y audiencias». Como venimos diciendo, pasan unas páginas y la pluralidad ya no es una meta pendiente para un medio, sino una meta lograda respecto a todo el espectro periodístico.
Casado da la palabra a otro periodista-burócrata, César García:
la constitución nos brinda un marco en el cual al ser libres de esta atadura que es el rating y la pauta y todo lo que tiene que ver con los auspiciantes, nos permite construir productos comunicacionales diferentes.
¡Ja! ¿Por qué el sueño del ecuatoriano es ser burócrata? ¿De dónde tanto miedo al riesgo, a la incertidumbre de tener que convencer a una audiencia o mercado de que el producto que ofrecemos tiene valor?
El ecuatoriano es profundamente acomplejado. De ahí nuestra predilección por gobiernos autoritarios y mandamases; pero lamentablemente con poder es que sale lo peor de nuestra personalidad. Como publicaba Plan V, somos «una sociedad sin instituciones, sin respeto por sí misma, amante de la mano dura y con vocación para la servidumbre».
Huelga mencionar que algunos privilegiados pueden darse el lujo de “librarse de la maldición bíblica de ganar bien sin producir” sólo a costa de los que permanecen en el mercado, que son quienes pagan impuestos y están sujetos a vaivenes del ciclo económico, crisis, etc. Los burócratas cobran puntualmente sus sueldazos dorados llueva, truene o relampaguee; en el sector privado las ventas suben y bajan, negocios quiebran, preferencias del consumidor cambian etc.
Pretender librarse de todo esto es un sueño infantil que al llevarse a la práctica divide a la sociedad en amos-parásitos y siervos. Al final, tanto termina creciendo el parásito que asfixia a quien lo alberga y quiebra el estado.
Casado también se alegra, all warm and fuzzy: «Gracias a no estar atado a la dictadura del rating y auspiciantes, Ecuador TV puede tener contenidos diversificados, que es otra ventaja de los medios públicos sobre los privados, que, al buscar el beneficio económico por encima de todo, no todos los contenidos y programas serán bienvenidos en estos canales».
Olvidó Casado un pequeño detalle: la nula demanda para ese tipo de contenidos. Los canales públicos están a la cola de audiencia. Esos programas no son “bienvenidos” por los televidentes. Claro que eso sólo incomodará un poquito a Casado y Cía.; ese pequeño contratiempo no afecta los sueldazos que reciben. ¡Ah! El sueño ecuatoriano, librarse de las cadenas de la productividad.
Parece que la alegría de vivir bien sin producir nada que tenga demanda voluntaria llenó el corazón de Casado de valor. Olvida que poco atrás concordaba con sus entrevistados que el pluralismo no existía ni era valioso, y en nuevo acápite vuelve a la carga con lo de la pluralidad:
quisimos también analizar las noticias y reportajes para comprobar si la falta de pluralidad era únicamente un problema recurrente de las páginas de opinión o si también afectaba a los géneros de información.
Casado cree que la libre expresión es un problema si no toman en cuenta su opinión y la de sus amigos.
Vuelven los bait and switch: diario “La Hora” publica un titular: “Correos contra el gobierno circulan en la Fuerza Armada”. Casado dice que no son “correos”, sino sólo un correo, por lo tanto «estamos ante una información falsa». Hold your horses, Casado. Non sequitur! Puede discutirse que el titular es inexacto (aunque basta que algún oficial poco sofisticado con las computadoras haga clic en “responder a todos” con su réplica, y ahí sí hablaríamos de correos), ¿pero concluir de buenas a primeras que es falso? Severas palabras cuando se trata de periodismo.
Un «hecho aislado» como un íngrimo correo «no sería noticia», opina Casado. Obviamente los periodistas de La Hora opinan distinto Bait. Y Casado remata desde medio campo con un switch digno de antología, deplorando «la intención del diario de transformar su opinión en noticia». ¡Gol! ¡El que “opina impertinentemente” no es Casado, sino el diario, que intenta hacer pasar sus opiniones como “hechos”! Las opiniones de Casado son sentencias indiscutibles, hechos irrefutables.
En serio, ¿a sofistas de este calibre les permiten enseñar en el Instituto de Altos Estudios Nacionales? Cierto: el estado atrae a los [peores seres humanos.](añadir link)
Continúa Casado discutiendo con Mónica Almeida, jefa de redacción de diario El Universo en Quito, sobre [un titular](añadir link) que dice: «Gobierno se vale de la Corte Constitucional para incidir en la asamblea». Casado insiste en que el título es “opinativo y editorializado”, Almeida lo defiende. El lector tendrá la última palabra; Casado defiende su posición:
El problema de la nota de El Universo que dio lugar a tan larga diatriba, es que pudiera estar errada, y por lo tanto la editorialización sería claramente a favor de una postura que representaría los intereses de la oposición política lo que tendría como resultado la desinformación de los lectores del diario.
El propio Casado reconoce que el titular podría, o no, estar errado; base bastante floja para ponerse a discutir, pero lo inaceptable es la conclusión non sequitur con la que remata: si recoges puntos de vista de la oposición, estás desinformando. ¡Aunque la información sea cierta! Tolerancia represiva, una vez más.
Casado cita a continuación una estadística de sentencias de la mentada Corte Constitucional, para rebatir que favorezca excesivamente al gobierno.
Aparte que hay otras maneras de favorecerlo —por ejemplo, simplemente ignorar por casi cuatro años demandas de inconstitucionalidad de decretos emitidos por el poder; rechazar de plano, no en sentencia, pedidos de consulta de la oposición, de tal manera que no se afecten las estadísticas, mientras que aprueba inmediatamente todos los pedidos de consulta que le llegan desde el oficialismo— basta con leer los libros La metida de mano en la justicia del tan denostado Andrés Páez, y El caso El Universo de Emilio Romero Parducci. El lector que tenga conocimiento jurídico se sorprenderá constantemente tirándose de los cabellos por todas las aberraciones jurídicas perpetradas en ambos procesos, que interesaban directamente al presidente, y que revelan una nefasta e inaudita influencia en las cortes.
Si Casado desconoce de ambos casos (entre muchos posibles), pues debería informarse mejor antes de afirmar tajantemente que la estadística mencionada da «al traste con la afirmación de El Universo sobre una supuesta connivencia entre las Funciones Ejecutiva y Judicial».
Luego de hablar de la “manipulación” informativa, Casado pasa a hablar de la rigurosidad. Empieza: «Muchos periodistas han expresado también lo complejo que les resulta ser rigurosos», algo que suena bastante comprensible; el ideal al que aspirar, como el horizonte, siempre se aleja. Pero Casado es Casado, y golpea la mesa: «a lo que la Ley Orgánica de Comunicación les obliga desde su entrada en vigor». ¡Zas! Volvemos a las obligaciones y al “síndrome de aprobar leyes”, la única herramienta del socialista.
Pues Casado evidentemente ignora la existencia de la “Declaración de principios sobre la libertad de expresión”, que fija estándares de respeto de los DD.HH. a los países. Textualmente dice:
- Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.
Me atrevo a incluir la “rigurosidad” entre esos condicionamientos previos. Que el estado exiga “rigurosidad” por ley atenta contra la libertad de expresión. ¿Está claro?
Los críticos dirán: es que eso es sólo un documento de la CIDH, no es un tratado internacional. Pero recuerde que la CIDH es juez de instrucción, es decir, analiza los casos que le presentan y luego los presenta ella a la Corte de DD.HH., compareciendo como parte del proceso.
Gracias a la Declaración de principios sobre la libertad de expresión, sabemos cómo va a decidir la CIDH. ¿Para qué incluir en la ley aspectos que atentan contra los DD.HH.? Cosas que suceden en los regímenes autoritarios.
Casado continúa hablando de la rigurosidad, esta vez citando un ejemplo:
Hinostroza fue muy criticada en el pasado por su claro sesgo en contra del gobierno y las críticas con poca argumentación que le valieron la fama de poco rigurosa entre sus detractores. La periodista de Teleamazonas salió del aire durante varios años para volver a presentar un programa en este mismo canal de televisión a finales de 2015.
Por supuesto, Casado “olvida” o ignora que Hinostroza fue quien denunció por corrupción al primo del presidente Correa; que por ello recibió amenazas de muerte; que repetidamente ha sido objeto de sanciones por parte del delegado del presidente; que incluso le enviaron ¡una bomba!; incluso su familia ha recibido amenazas, sus correos han sido intervenidos…
¿Casado sabía eso? ¿El problema de Hinostroza es “su falta de rigurosidad”, no los constantes ataques que ha recibido?
Casado se indigna porque Hinostroza en una entrevista «claramente tomó partido por una de las partes», y, ¡horror!, «en varias ocasiones exclama: ¿Este tema tiene que parar¿, como si fuera una cruzada personal». ¿No son los asuntos públicos asuntos de todos? ¿No es encomiable que un ciudadano-periodista que tiene acceso a una audiencia, pueda llamar la atención de la ciudadanía a los problemas comunes? ¿Por qué Casado y demás estatistas ven a los periodistas como “ciudadanos de segunda”, que no pueden involucrarse en lo público?
Casado luego repasa algunos ataques contra la libertad de expresión y prensa en los gobiernos anteriores, y en una entrevista con un Andrés Carrión distraído Casado se manda esta rueda de molino:
Andrés Carrión: el gobierno de León Febres-Cordero no nos dejaba operar ese canal, nos hizo la guerra 4 años … no nos dejó operar … nos clausuraron.
Fernando Casado: Este tipo de situaciones ahora no se dan.
A.C: Ahorita no, pero en ese tiempo …. etc.
¡Cómo que no se han dado ese tipo de situaciones en este gobierno! O Casado es extremadamente ignorante de la historia reciente del país, o es intelectualmente deshonesto al negar la realidad.
Al terminar su libro, en las “Conclusiones”, Casado se lanza otra petición de principio: «hemos comprobado cómo muchos de los periodistas más importantes del país han tenido comportamientos que podrían considerarse poco acordes con la ética y códigos deontológicos de su profesión». ¡Si nunca mostró cuáles códigos o principios éticos existen, peor aún que se hayan violado!
Asimismo afirma haber “demostrado” que «los medios para los que trabajan se han decantado claramente por una postura política, pese a erigirse en defensores de la independencia, neutralidad e imparcialidad». Casado jamás entenderá que la independencia se refiere a la independencia del poder político. Pero él no lo ve como algo valioso, ser independiente del poderoso de turno; el poderoso paga miles de dólares mensuales por brindarle justificaciones falaces y diseminar sus ideas en las aulas de clase. Eso es el paraíso para un burócrata servil.
Continúa: «en el pasado llegamos a concebir los medios de comunicación como un cuarto poder que serviría de contrapeso … hoy su anexión al poder económico financiero y su implicancia en el poder político como aparato ideológico del capitalismo globalizado, despojaron a dichos medios de su función de contrapoder, transformándolos en el poder mismo».
A ver, a ver. Como si los medios dispusieran de legiones de cientos de miles de burócratas obsecuentes; como si los medios tuvieran a disposición decenas de miles de hombres armados hasta los dientes, tanques, misiles, etc.; como si los medios tuvieran, en resumen, el monopolio de violencia… El presupuesto del estado representa alrededor del 40% del PIB. Ninguna empresa se acerca, ni de lejos, a ese tamaño.
Y cita a Ramonet, otro intelectual orgánico de gobiernos autoritarios: supuestamente los medios privados «plantean un problema para la democracia, en la medida que en su inmensa mayoría pertenecen al poder económico y están aliados al poder político». ¿No son los medios públicos los aliados monolíticamente al poder político? ¿Acaso los ciudadanos asociados —en empresas o gremios— representan “un problema para la democracia”? Bastante fascista esa idea de democracia.
Casado termina afirmando, sin rubor alguno, que los medios ecuatorianos han afectado «seriamente el sistema democrático del país andino y, concretamente, el ejercicio periodístico, así como la libertad de expresión de todos sus ciudadanos».
¿Guaaat? ¿Estamos hablando del mismo país? La queja constante —recogida por organismos internacionales— ha sido de que el gobierno es demasiado autoritario y ha afectado constantemente los derechos de comunicación y libre expresión de los ciudadanos. ¿Pero Casado cree que son “los medios”? Add insult to injury. Sería risible si no fuera ridículo.
Ha de ser difícil la labor de un intelectual orgánico: justificar las acciones de un grupo de gente que no necesita justificación alguna —Might makes right, dicen los gringos: la fuerza te da la razón— y actos que no son en absoluto justificables, pues son todos esencialmente expresión de violencia.
Bueno, en realidad es fácil: cobrar miles de dólares por proporcionar una pobre justificación destinada a satisfacer a un público poco exigente: los políticos que, finalmente, harán lo que les plazca y sus corifeos, siempre dispuesto a cantar sus alabanzas.
Quienes no les creen habitualmente —sea por situarse en la oposición, sea por oponerse a la propia existencia de un estado— difícilmente serán convencidos por los intelectuales orgánicos y su espesa prosa posmoderna.
Sin embargo, cuando vemos que estas falacias empiezan a filtrarse en la conciencia de los ciudadanos —incluso de los propios periodistas— hay que tomarse el trabajo de refutarlas.
Así: nada de prohibición de meterse en política; nada de que exista “obligación de ser contextualizado, imparcial, etc.”; nada de crear “ciudadanos de segunda”, que tengan menos libertad de expresión que otros. Nada de crear “ministerios de la verdad” que puedan imponer sus opiniones con violencia; nada de que el gobierno “deba decidir” cuándo una expresión es “contextualizada, imparcial, etc.”, y cómo sancionar a las expresiones que no lo sean, según la opinión del mandamás de turno. Nada de que los ciudanos "pierden derechos" al actuar asociadamente, incluso como empresas.
Nada de eso. Es impropio de una república, y de personas decentes.
Los mandamases y sus intelectuales orgánicos rara vez logran convencer, y no se esfuerzan demasiado en lograrlo: no lo necesitan. El poder se auto-justifica y los cagatintas aduladores cobrarán sus sueldos puntualmente mientras se cobren impuestos.
Pero es menester impedir que, a fuerza de repetición, sus falacias empiecen a permear “el subconsciente colectivo” y se conviertan en lugares comunes y una nueva ortodoxia.
De todas maneras, aun si eso llegara a ocurrir, siempre habrá quienes disfrutemos de escandalizar a los biempensantes con ideas de libertad.
